María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos
Quizás poco le interese al actor Danny Glover, quien al igual que varios artistas y deportistas latinoamericanos apoyan con gran convicción a los dictadores del socialismo siglo XXI a cambio de un mecenazgo. Pero ciertas revelaciones parecen incomodar a los empleadores de trollcenters y lobbies de abogados en el exterior, como el tuit de la periodista ecuatoriana Tania Tinoco, quien el 5 de noviembre escribió en su cuenta: “Tras leer vinculaciones del actor Danny Glover con Venezuela (Chávez le financió película con 18 millones) dudo de su objetividad en Caso Chevron”. Glover iba al Ecuador invitado por la Presidencia de la República para mostrarle los efectos de la explotación de Texaco del 1964 al 1992 en la Amazonia ecuatoriana. El pozo Aguarico-4 al cual llevarían al actor estadounidense pertenece a Petroecuador según el acuerdo de remediación firmado con Texaco en 1995. En vez de remediarlo como le correspondía, Petroecuador lo convirtió en pozo reinyector en el 2003 y por ahora se desempeña como parte del toxitour que ofrece el gobierno a sus invitados.
Pero esta información no es novedad, es pública, así como mucha más evidencia de que la demanda de los pobladores de Lago Agrio representada por el abogado estadounidense Steve Donziger y el Frente de Defensa de la Amazonia ha tenido distorsiones que condujeron a una sentencia histórica por 19 mil millones de dólares. Para no ser acusada de autocensura ni unirme al impuesto falso patriotismo, procuraré cuestionar los verdaderos intereses que se mueven tras este juicio, cuya sentencia recientemente fue reducida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador a su monto original de 9 mil millones de dólares, que había sido duplicada por la exigencia de que Chevron pidiera disculpas.
Ya que con el anuncio de la explotación del Yasuní-ITT ha quedado en claro que los derechos de la naturaleza no le quitan el sueño al gobierno ecuatoriano, y siguiendo la ruta del dinero que ha financiado el caso que siguen los abogados demandantes, estimo que este juicio puede ser tan solo una apuesta millonaria de un conjunto de inversionistas americanos contra otra empresa americana, para obtener beneficios económicos multimillonarios.
De acuerdo a documentos confiscados y ahora públicos, antes de la reducción de la sentencia se habían reservado nada menos que 5.741 mil millones de dólares para ser repartidos, de acuerdo a la proporción de la inversión, entre firmas en los Estados Unidos, algunas con domicilio en paraísos fiscales. Entre al menos 10 inversionistas, Burford Capital Group que aportó con cerca de 4 millones y se había comprometido a invertir en total 15 millones, recibiría mil millones de dólares, pero desistió debido a evidencias de irregularidades del peritaje.
Existe la confesión de Joseph Kohn, de haber aportado cerca de 7 millones de dólares a la demanda y de que se retiró ante las evidencias desfavorables al caso en agosto del 2010, señalando a Donziger por un supuesto «engaño intencional» sobre sus «contactos potencialmente inadecuados y carentes de ética, si no ilegales, con el perito designado por la corte, el Sr. Cabrera”. Así como también, por el uso del bufete como una fuente de fondos para sí mismo y para otros.
Para el principal abogado de los demandantes, el estadounidense Steven Donziger, quien en varios vídeos desprecia al sistema de justicia ecuatoriano, su parte del pastel correspondería al 6,3%.
Curiosamente, este reparto de las ganancias del juicio se dejó por sentado tres meses antes de la sentencia de febrero del 2011. Y por cierto, el procurador común y representante del FDA, Pablo Fajardo, consta en la repartición con un nada despreciable 2% del pastel y tenía sus honorarios personales cubiertos, al igual que Donziger.
En febrero pasado por una orden de la Corte del Distrito Sur de la Florida se investigaron más de seis cuentas bancarias en los Estados Unidos, pertenecientes a la ONG Frente de Defensa de la Amazonia, a sus miembros y a una empresa propia, Selva Viva, mediante lo cual se determinó que se realizaron pagos por un total de 400 mil dólares al perito Richard Cabrera en el 2007.
¿Están al tanto de que de la sentencia original de más de 18 mil millones de dólares (ahora el 50%), ni un solo dólar estuvo jamás destinado a los bolsillos de los demandantes de Lago Agrio a quienes se ha utilizado durante todo el proceso como las víctimas? Javier Piaguaje, representante de la comunidad Siekopai, no lo sabía al ir a declarar a Nueva York. Recordemos que el 10% de la sentencia iría a la FDA, y restada la porción de los inversionistas, abogados y asesores, lo demás sería destinado a obras en la zona que bien podrían convertirse en sueños de perro.
Al parecer, esta apuesta contaba con las debilidades del sistema judicial ecuatoriano para un triunfo asegurado. Y eso es lo que lamentablemente se está demostrando precisamente ahora en el juicio por extorsión que planteó Chevron contra los demandantes en la Corte RICO en Nueva York.
Mientras varios asesores e inversionistas han declarado que atestiguaron intentos de soborno, de falsificación de datos, de redacción “fantasma” de la sentencia, de colusión entre el perito –que debería ser imparcial- y los abogados de los demandantes para obtener la sentencia favorable y multimillonaria; los ahora demandados por Chevron sufren de un extraño síndrome colectivo de Alzheimer: el juez Nicolás Zambrano, quien dictó la sentencia por los más de 18 mil millones de dólares y el propio Steven Donziger, quien ha liderado el proceso desde 1993, no recuerdan detalles esenciales de la sentencia.
La elección del Juez Nicolás Zambrano para llevar este caso en la Corte de Lago Agrio no fue la primera que tuvo impugnaciones o destituciones. El nombramiento de Zambrano pudiera ser una suerte del destino, a menos que se consideren sus antecedentes.
Su récord consta de expedientes disciplinarios, denuncias, pedido colegial de suspensión, e impugnaciones a su idoneidad para candidato al Ministerio Público en el 2006 por extorsión y chantaje. Zambrano fue destituido por haber sido uno de los que admitió el recurso de apelación del principal involucrado en la Operación Aniversario, que incautó 8.3 toneladas de clorhidrato de cocaína valorada en $400 millones de dólares en octubre del 2009.
El asegura haber leído 225.000 páginas en 63 días y haber redactado la sentencia contra Chevron por sí mismo. Sin embargo, cuando en la Corte RICO se le preguntó sobre un término utilizado más de 30 veces en su sentencia no supo qué significaba, y tampoco otros términos en inglés ante lo cual dijo que la encargada de ello fue su secretaria. ¿Nos suena conocido?
Solamente si uno recuerda la visita de los abogados del Frente de Defensa de la Amazonia al secretario jurídico de la Presidencia, el doctor Alexis Mera, uno pudiera pensar que la segunda fase del arbitraje que empieza este próximo enero ante el Tribunal Arbitral de La Haya, y que se refiere a la posible negación de justicia e interferencia del gobierno en el confllicto, pienso que este tiene un mal pronóstico.
En septiembre pasado, el laudo parcial del Tribunal Arbitral de La Haya fue desfavorable para el país; y el Ecuador ya ha perdido otro arbitraje por 96 millones de dólares en el 2011.
En realidad, más allá de Danny Glover o Luis Eduardo Aute, la verdadera celebridad del momento respecto al Caso Chevron en los tribunales internacionales es la metida de mano en la justicia ecuatoriana. Pero no se lo digas a nadie. Ni siquiera a Danny.
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