Quito, 16 dic (EFE).- La Fiscalía de Ecuador anunció hoy que consultará con la Corte Constitucional la sanción que el Estado debe imponer a un grupo de indígenas procesados por el delito de genocidio por una matanza de otro clan nativo de la Amazonía a comienzos de este año.
El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, explicó hoy a la prensa que pedirán a la Corte Constitucional que interprete cuál es la sanción que el Estado debe imponer en un caso que la Fiscalía define «como penal y grave», frente a un concepto tradicional de la comunidad indígena, que entre sus costumbres ancestrales considera que la venganza «es normal».
«Para ellos esto no es malo, para nosotros es muy malo. Para ellos es casi nada, y para nosotros, un delito terrible», dijo Chiriboga.
A principios de año, miembros de la etnia Tagaeari-Taromenane, en aislamiento voluntario, fueron asesinados presuntamente por indígenas Waorani, quienes también raptaron a dos niñas como venganza por la muerte de dos ancianos de su comunidad.
Para Chiriboga está claro que «los taromenane tomaron venganza por hechos anteriores, que se reflejaron en la muerte de (los ancianos) Ompore y Buganey» y, como consecuencia de ello, «los herederos atacaron» a los Tagaeari-Taromenane.
En noviembre pasado, la Corte de Justicia de la provincia de Orellana, en la Amazonía, ordenó la prisión preventiva con fines de investigación de 15 indígenas de la etnia Waorani y, al finalizar la diligencia, se dispuso el inicio de una instrucción fiscal que durará 90 días.
El fiscal recordó hoy que por este caso seis waoranis han sido detenidos y se encuentran en un centro de detención estatal separados de las personas «que han cometido delitos comunes».
Los detenidos mantienen reuniones con expertos forenses y sociólogos que les explican la visión mestiza de la situación en la que se encuentran envueltos.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha dicho que el conflicto es «un asunto entre comunidades», «un problema entre clanes»: los waorani, incorporados al resto de la sociedad, y los taromenane, en aislamiento voluntario en la selva.
La Fiscalía, que en la audiencia de formulación de cargos planteó un delito de genocidio, requiere saber cómo considerar en la eventual sanción los criterios del pueblo indígena.
Chiriboga dijo que durante las investigaciones se recabó evidencia de una matanza, el secuestro de dos niñas (ahora bajo protección del Estado) y apuntó que se podría considerar, incluso, el delito de desaparición.
«Hasta el momento no hemos encontrado cuerpos pero hemos encontrado evidencias de un asesinato», dijo el fiscal que consideró «importante» no dar «números especulativos», en referencia a cifras que circularon en la prensa cuando estalló el caso.
«Lo que no hay duda es que se produjeron unas muertes», subrayó. EFE
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