Por medio de un comunicado, el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel), propietario de la telefónica Claro, rechazó la millonaria multa de $138,4 millones, impuesta el pasado viernes por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (SCPM).
«La magnitud de la sanción, a más de injustificada, violenta el principio constitucional de proporcionalidad de las penas», dice el Consorcio. «Existen serias inconsistencias en el proceso y el derecho de defensa, como haberse impedido el acceso a pruebas declaradas confidenciales».
Claro fue denunciado por la empresa estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones en octubre de 2012, por no permitir instalar sus antenas en los mismos terrenos que había alquilado con anticipación. «En las mismas zonas donde están esos 5 terrenos existen terrenos alternativos, igualmente idóneos, por lo cual CNT bien pudiera, actuando con eficiencia y sin ningún problema ni costos adicionales, instalar su infraestructura. No ha existido, no existe, entonces, barrera de entrada alguna para CNT, que no sea su falta de diligencia empresarial», expone la defensa de Claro.
Conocel concluye que recurrirá a todos los recursos que la ley le otorga, «a fin de lograr una resolución conforme a derecho».
Vídeos relacionados