David Ochoa
Quito, Ecuador
Hace menos de un mes, varios estudiantes de la Escuela Politécnica del Chimborazo sufrieron un mortal accidente de tránsito. A 2013, la tasa de mortalidad es de 19.5 fallecidos por cada cien mil habitantes, muy superior al promedio latinoamericano de 16.6. En el accidente de Chimborazo, también falleció una campesina que era madre soltera. Parece que le dieron un aventón. Por bien hacer.
Hilda Silquigua fue una sencilla agricultura, que mantenía sola a sus hijos, que ahora han quedado huérfanos. El Gobierno Nacional apoyará a esa familia con una vivienda y acompañamiento social. El Ministerio de Educación está preparándose para recibir más alumnos en el ciclo Sierra: si los huérfanos vuelven a las aulas, seguro tendrán un cupo en la educación fiscal. Cuando lleguen a edad adulta, podrán acceder a eduación universitaria gratuita y, si obtienen puntaje suficiente para entrar a medicina o educación, recibirán un salario básico de manutención. Si se dedican a trabajar, participarán de una economía con desempleo de un sólo dígito, y la agricultura familiar campesina está protegida del bobo aperturismo y hay oportunidades de apoyo a mejorar su productividad.
Pero, ¿y dónde está el padre?
Tal vez Hilda Silquigua nunca demandó por alimentos al padre (o alimentante). Tal vez no lo hizo por desconocimiento, dificultad de la tramitología o por no “perjudicar” al alimentante. Si acaso lo hizo, tal vez no pudo cobrar la pensión alimenticia porque el sistema anterior era hiper burocrático, o porque el sistema actual de pensiones está enfocado para el medio urbano. Posiblemente no cobró pensiones porque el alimentante no tenía recursos para pagar.
En víspera del día del niño, el presidente Correa planteó debatir la conveniencia de mantener la prisión por falta de pago de pensiones alimenticias. El pasado día de elecciones, dos mil alimentantes fueron detenidos cuando se acercaron a votar. El presidente estima que la mayoría de ellos no están impagos por mala fe, sino por causas económicas, como la falta de empleo o de crédito.
La falta de pago de pensiones de alimentos es el único caso de prisión por deudas permitido, no sólo en la Constitución y el Código de la Niñez, sino también en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos prohíbe la prisión por deudas sólo cuando éstas nacen de obligación contractual. El motivo es que, sobre la libertad del alimentante, prima el interés superior del niño, principio que informa varios convenios internacionales y normas locales.
No es completo considerar que, por estar detenido, el alimentante no podrá pagar, porque normalmente en estos casos, el alimentante consigue un préstamo o colaboración de algún familiar, para ponerse al día y salir libre. En Ecuador, la primera detención por alimentos, sólo dura treinta días. Hay alimentantes avezados que prefieren salir después de un mes, sin pagar.
Ayudar a los alimentantes a conseguir empleo mediante la Red Socio Empleo, o facilitarles crédito del BIESS para cumplir esta obligación, ayudarán a reducir los hogares sin soporte económico de padre y madre. Pero no debiera suprimirse la prisión por no pago de alimentos, porque es la única herramienta de cobro a quienes no trabajan en relación de dependencia, de cualquier nivel económico.
En la pobreza y pobreza extrema, son numerosos los hogares que no cuentan con los ingresos de ambos padres. Esta realidad agrava la pobreza y obliga al Estado a cubrir gastos que normalmente debieran ser atendidos por los alimentantes. Esto es un subsidio oculto a quienes procrearon sin responsabilidad y no incentiva a las personas al autocontrol de la fecundidad.
En memoria de Hilda Silquigua, el Gobierno Nacional debiera trabajar para que ninguna mujer sea “padre y madre” de sus hijos, al menos económicamente. Antes que enaltecer el sacrificio maternal, la sociedad, a través del Estado, debiera evitar que tal sacrificio ocurra.
Los esfuerzos del Gobierno Nacional para dar información y apoyo para evitar embarazos no deseados, debieran unirse a un expreso y potente esfuerzo por garantizar que ningún niño se quede sin pensión de alimentos, y que ningún alimentante se quede sin cumplir sus obligaciones. La mejor forma de detener embarazos no deseados es enviar un claro mensaje de que, quien la hace, la paga.