Juan Pablo Guerrero
Guayaquil, Ecuador
Desde que el Estado ecuatoriano asignó a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) el espectro necesario para desplegar las redes 4G han transcurrido aproximadamente dos años.
A día de hoy Claro y Movistar están inmersas en negociaciones para obtener esta misma asignación y poder igualar en capacidad de despliegue a la estatal CNT-EP, lo cierto es que estas negociaciones podrían tomar bastante tiempo lo cual se traduciría en pérdidas económicas no sólo para las operadoras, pero también para el Estado y más importante aún: los consumidores.
De acuerdo a un reciente estudio de Convergencia Research, en los próximos 15 años Ecuador podría obtener más de $12.000 millones si asigna el espectro a las operadoras privadas hoy. Al primer año de retraso el valor a captar objeto de negociaciones exitosas se reduciría en un 17%, al segundo año sería un 34% y al tercer año un 49%. La pérdida de solo el primer año en valores económicos es de $619 millones, un lujo que no podemos y no debemos darnos, estas negociaciones deben concluirse cuanto antes.
Las pérdidas en las que incurrirán las operadoras también pueden llegar a ser considerables, estamos hablando de que la competencia directa de estas, CNT-EP, ha dado inicio a los servicios 4G, esto es, tiene en sus manos una ventaja comparativa abismal frente a operadoras que por falta de “tramitación estatal” están estancadas en las redes 3G que pronto no serán otra cosa que parte del pasado.
Esto se agrava puesto que el promedio en las Américas desde que se inicia hasta que se concluyen las negociaciones es de 1 año, a esto le agregamos los 6 meses que el ministro de Telecomunicaciones ha anunciado que tardarían las operadoras en desplegar sus redes y tenemos 1 año y medio en que CNT-EP tendrá cancha libre para empezar a captar abonados de Claro y Movistar en lo que lógicamente podemos llamar una competencia injusta, ¿Creada por quién? El Estado.
La injusticia se vuelve todavía más evidente cuando se le da a CNT-EP la exclusividad del plan Mi Compañerito, esto es, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano pueden optar por recibir tarjetas con minutos previo descuento. Esto le daría a la operadora estatal la capacidad de captar hasta 2 millones de nuevos usuarios al tiempo que empieza a desplegar sus redes 4G, ¿Conveniente, verdad?
Y finalmente como remate, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado mediante resolución no solo multó a Claro por casi $140 millones, pero también ha calificado como ilegales sus estrategias para proteger sus inversiones y en un futuro próximo podría obligar a la operadora a compartir su infraestructura ya comprobada como exitosa, esto se evidencia por el hecho de que el 67% de los abonados ecuatorianos han depositado su confianza en esta empresa.
Resulta cuando menos irónico cuanta confianza se ha depositado en el operador estatal: espectro gratuito e inmediato, plan introductorio al mercado ecuatoriano y facilitación de infraestructura de la empresa más exitosa del país cuando las palabras del Presidente son las siguientes:
[Negocio Celular] “Es un negocio de muy rápido cambio tecnológico, en principio ese negocio no vale la pena que esté en manos del Estado porque el Estado por su institucionalidad, su procedimiento, que contralorías, que el permiso, que ni se cuánto, no tiene esa capacidad de reacción frente a las necesidades del mercado ¿No?”
En conclusión, lo deseable sería que las negociaciones por el espectro para desplegar las redes 4G se realicen con la mayor celeridad posible, es hora de fomentar la competencia justa, único método viable de conseguir lo que el Estado tanto busca: servicios de calidad al precio justo. Es hora de detener el engreimiento de CNT-EP y permitir que compita donde las operadoras privadas siempre lo han hecho: en el mercado y no mediante sentencias, resoluciones y enormes concesiones. Si queremos verdadera justicia asignemos de una vez, a precio justo, el espectro a las operadoras privadas y que empiece la competencia.