Washington (AP) — La senadora demócrata Mary Landrieu objetó el viernes el proyecto de ley del Senado que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
La senadora por Louisiana explicó en un correo electrónico a la AP que está «muy preocupada por el impacto negativo que el proyecto de ley del senador (Marco) Rubio pudiera tener en una refinería ubicada en Lake Charles, Louisiana, que emplea a 2.000 trabajadores entre contratados y a tiempo completo».
«Hasta que esos temores sean aclarados, no puedo apoyar la legislación», agregó.
La refinería, construida en 1944 y la sexta más grande en Estados Unidos, pertenece a Citgo, una subsidiaria estadounidense de la empresa estatal petrolera venezolana PDVSA.
Landrieu buscará reelegirse por tercera vez en el Senado cuando se enfrente en noviembre al congresista republicano Bill Cassidy.
La contienda es de gran importancia pues los republicanos esperan arrebatar a los demócratas la mayoría y el control del Senado. La campaña de Landrieu ha recaudado hasta el momento 13,5 millones de dólares, y Cassidy ocho millones, según reportó la AP el domingo.
El senador republicano Marco Rubio, uno de los autores del proyecto de ley, planeaba solicitar durante la sesión del viernes que la ley fuera aprobada de manera unánime.
Rubio y los demás autores del proyecto de ley tendrán que buscar ahora su aprobación cuando el Senado reanude sus actividades el ocho de septiembre tras un receso veraniego de cinco semanas.
Un empleado del Congreso dijo a la AP que Landrieu no había expresado reserva alguna desde que el proyecto de ley fuera presentado en marzo.
El empleado, que solicitó el anonimato por no estar autorizado a hablar con periodistas, dijo que Landrieu mantiene la única objeción al proyecto de ley, ya que la mañana del viernes fue resuelta la expresada en la víspera por el republicano de Oklahoma, Tom Coburn, con respecto a los ocho millones de dólares que cuesta la implementación de las sanciones.
Rubio dijo la víspera que accedió a eliminar una partida de 15 millones de dólares que originalmente estaba dirigida al fortalecimiento de la democracia con la intención de reducir los costos de implementación y aplacar, así, las objeciones.
Rubio y otro autor del proyecto de ley, el senador demócrata por New Jersey Bob Menéndez, insisten en que la legislación es necesaria porque congelaría los activos que funcionarios venezolanos que hayan violado los derechos humanos posean en territorio estadounidense, complementando así la suspensión de visas anunciada la víspera por el Departamento de Estado.
El gobierno de Barack Obama había dicho que prefería esperar el resultado de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición antes de imponer sanciones a los funcionarios venezolanos, pero la suspensión de visas anunciadas el jueves sugiera que el Departamento de Estado cedió a las presiones del Congreso de sancionar a dichos empleados públicos.
La cámara baja aprobó en mayo un proyecto de ley similar al del Senado.
Las protestas callejeras de comienzos de año dejaron 43 personas muertas en varias ciudades del país sudamericano.
