La Corte Constitucional (CC) absolvió la consulta del Fiscal de la provincia de Orellana y ratificó que la justicia ordinaria es competente para conocer y resolver el proceso penal que se sustancia en esa jurisdicción, por la masacre de 30 indígenas no contactados (taromenanes) ocurrida en marzo de 2013, en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní.
Del hecho se le atribuye a 17 indígenas de la étnia huaorani que están acusados del presunto delito de genocidio, para quienes, el juez de Orellana, Álvaro Guerrero, deberá aplicar la normativa penal existente en el país, según lo aprobado por la Corte.