La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), de Perú, insistieron que en Ecuador “existe una utilización política de la justicia” y pidieron al jurista peruano, Luis Pásara, no aceptar la invitación de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) a debatir sobre el informe denominado Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, informa hoy diario El Universo.
Pásara presentó este documento en julio pasado; en este analizó la situación de la justicia en el país. Su contenido generó críticas por parte de las entidades de la Función Judicial y del presidente Rafael Correa.
En una misiva enviada a Jalkh el viernes pasado, las tres organizaciones mencionadas ratificaron que existe “una utilización política de la justicia que compromete la independencia judicial en casos en los que está de por medio el interés gubernamental”; además que se ha debilitado la división de poderes del Estado y que la Judicatura “evalúa decisiones judiciales para luego sancionar a sus autores haciendo un uso abusivo del error inexcusable”.
Las ONG criticaron que Jalkh y el presidente hayan hecho descalificaciones personales a Pásara “en lugar de hacer referencia a aspectos específicos” del informe, lo que no conduce a un “clima sereno” de debate.
Finalmente piden al Estado ecuatoriano que extienda una invitación a la Relatora de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Jueces y Abogados para que elabore un informe sobre la independencia en la justicia; y a promover espacios de diálogo con universidades públicas y privadas y los mismos jueces.