La campaña anticorrupción que el Gobierno chino ha emprendido desde la llegada de Xi Jinping a la presidencia ha tenido como consecuencia sanciones a más de 84.000 altos cargos del régimen comunista en la primera mitad de este año, destacó el ministro de Supervisión, Huang Shuxian, citado por Xinhua.
Según la agencia oficial, la cifra es un 30 por ciento mayor que en el mismo periodo del pasado año.
En todo el año 2013, el número de cargos sancionados alcanzó los 182.000, de los que 9.600, por su gravedad, fueron transferidos a las autoridades judiciales, recordó el ministro.
Éste también destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la campaña antifraude, ya que en el pasado año las autoridades de disciplina recibieron casi dos millones de denuncias de sospechas de corrupción, que condujeron a la investigación de decenas de miles de casos.
La campaña se ha saldado con importantes condenas a destacados exaltos cargos del régimen, como el antiguo ministro de Ferrocarriles Liu Zhijun o el exsecretario del Partido Comunista en la metrópolis de Chongqing Bo Xilai, quienes el año pasado recibieron sendas cadenas perpetuas por corrupción.
La «purga» anticorrupción ha continuado con la caída de destacadas personalidades como el exministro de Seguridad Pública Zhou Yongkang o el antiguo «número dos» de las Fuerzas Armadas chinas, Xu Caihou, quienes actualmente se encuentran a la espera de juicio.
La investigación por corrupción a Zhou Yongkang, el antiguo zar de la seguridad, confirma un panorama de batallas intestinas en el Partido Comunista de China de magnitudes enormes y consecuencias imprevisibles.
Zhou (1942, provincia de Jiangsu) era el tercer hombre más poderoso de China antes de jubilarse en 2012. Había presidido China National Petroleum Corporation, la mayor compañía del sector en el país, antes de saltar a la política. Después de liderar el partido en la provincia de Sichuan pasó a encabezar el Ministerio de Seguridad y entrar en el Comité Permanente. Zhou controlaba los tribunales, la Fiscalía, la policía, las fuerzas paramilitares y los servicios de espionaje. El presupuesto del aparato de seguridad del país durante su mandato alcanzó los 114 mil millones de dólares, superiores a los destinados al Ejército.