Una posible ampliación del plazo para resolver las pugnas limítrofes a través de una reforma legal confronta posiciones entre los asambleístas de Alianza PAIS (AP) del Guayas y de otras provincias, publica hoy diario El Universo.
En rueda de prensa, Rosana Alvarado (AP-Azuay), primera vicepresidenta de la Asamblea, junto a otros legisladores de Azuay, Cañar y Pichincha, se opusieron a reformar la Ley de Límites Internos y dijo que la reunión del lunes en Guayaquil (en la que estuvieron el prefecto Jimmy Jairala, asambleístas y autoridades locales) primero “debía pasar por el bloque para ponerse de acuerdo en que lo más lógico es el cumplimiento de una ley”.
“No vamos a ceder, no vamos a sucumbir a intereses de diferente tipo que pueden presentarse, el prefecto Jairala ha tenido ya un año para llamar a consulta popular… tiene todavía un año más. Si es que pretende una ampliación de los plazos de la ley, esa no es la posición que compartimos los asambleístas de las otras provincias que también sabremos defender como corresponde no solo a nuestra provincia, sino a nuestro país”, expresó Alvarado.
La Ley de Límites aprobada en abril del 2013 dispuso un plazo de dos años (hasta abril del 2015) para que se resuelvan los conflictos limítrofes con mecanismos que van desde el diálogo hasta la consulta popular.
Horas más tarde, el documento denominado Unidad nacional y un país del Buen Vivir primero, firmado por 36 asambleístas oficialista de Azuay, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Santa Elena, El Oro, Pastaza y Morona Santiago, ratificaba la posición de rechazar la reforma a la ley.
“Creemos que el camino a seguir no es el de poner en primer término los intereses de una u otra provincia, que reclama para sí, la supremacía sobre un determinado territorio en disputa… Las manifestaciones regionalistas y localistas deben ser rezagos del pasado… pues de lo contrario, cada provincia tendría que asumir una defensa provincial que podría agudizar los conflictos”, señala el documento de tres páginas.
Marcela Aguiñaga (AP), una de las asambleístas que estuvo en la reunión del lunes (en la Prefectura del Guayas) y que sería parte de la comisión de trabajo que plantearía la reforma, dijo ayer que el pedido de Jairala tendrá que discutirse en el interior del bloque.
La ley señala que de no cumplirse con el plazo para solucionar los conflictos podría ser causal de un proceso de revocatoria del mandato para alcaldes o prefectos, recordó ella.
El prefecto del Guayas Jimmy Jairala respondió este rechazo a su propuesta, manifestado ayer en Quito. «¿Desde cuándo unirse por el Guayas es un acto de provocación? Nadie puede cuestionarnos por unirnos para trabajar por Guayas. Es un acto legítimo la defensa de sus límites», declaró hoy en una radio de Guayaquil.