El Juez de Garantías Penales, José Poveda Aráuz, dictó el fin de semana la orden de prisión preventiva para los ciudadanos ecuatorianos Tito Fernando Ch. R. y Juan Jacinto D. R. y para la ciudadana peruana nacionalizada ecuatoriana, Joseline Ashey C. V. presuntamente implicados en el decomiso de 7,83 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Guayaquil y en una bodega ubicada al norte de la ciudad. El alcaloide tenía como destino la ciudad de Valencia, España.
La novedad en este caso, a más de batir el récord en el año por la cantidad, es que la droga fue convertida a líquida, lo que demanda un proceso químico de compleja realización.
La fiscal Villagómez formuló cargos en contra de los implicados por su presunta participación en el delito tipificado y sancionado en el artículo 220 numeral uno literal D del COIP, por tráfico de sustancias estupefacientes y solicitó la prisión preventiva.
Por ser el ciudadano Tito Fernando Ch. R. el representante legal, y la ciudadana Joseline Ashey C. V figurar como accionista de la Compañía Fortani S. A., se solicitó la retención de los bienes, la inmovilización de las cuentas y las medidas cautelares, para los dos ciudadanos, según lo estipula la nueva ley.
Se está solicitando apoyo a gobiernos internacionales para que se proceda también a hacer el análisis correspondiente de la droga decomisada. Según el nuevo Código Integral Penal, las sanciones se aplican de acuerdo a cuatro escalas: mínima, de dos a seis meses de prisión; mediana, de uno a tres años; alta, de cinco a siete años; y, gran escala, de 10 a 13 años.
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Con información del Ministerio del Interior.