Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
El proyecto de Código Monetario y Financiero (COMF), según el texto aprobado en segundo debate por la Asamblea, sugería prohibir que las entidades financieras públicas o privadas ecuatorianas sean accionistas de bancos constituidos en países considerados por el SRI como paraísos fiscales (Art. 183); y les concedía, a los bancos locales con tal clase de inversiones, un año para enajenarlas (disposición transitoria 26ª). Así, por ejemplo, el Banco del Pacífico debía deshacerse, en ese plazo, de la subsidiaria que desde hace años tiene en Panamá.
Una pista para esa propuesta se la puede encontrar, aunque a posteriori, en la objeción parcial hecha al COMF por el Ejecutivo, en la que se lee que aquellas jurisdicciones carecen de transparencia. Entre líneas hay otra: que el Estado puede limitar o impedir las inversiones que, con fondos de los depositantes, quieran hacer los bancos locales en países que por sigilo bancario tienen prohibido entregar información sobre sus clientes.
La objeción parcial, empero, llega mucho más lejos: propone que la prohibición del Art. 183 se extienda también a los accionistas (con más del 6%) de los bancos locales, quienes quedarían impedidos de tener muchas o pocas acciones en bancos ubicados en lo que se estime como paraísos fiscales. Por donde se lo mire eso no tiene justificación técnica, e incluso la explicación dada en el veto (evitar que la prohibición sea eludida) pasa completamente por alto que los accionistas no manejan dinero del banco y menos depósitos del público. Invierten con dinero propio.
Pero además, de ser aceptada la objeción presidencial por la Asamblea, se impondría una inconveniente restricción para la inversión extranjera en la banca ecuatoriana, pues si un grupo financiero internacional quisiese adquirir una entidad local, tendría que deshacerse de sus operaciones en paraísos fiscales. El ejemplo no es de laboratorio. Recientemente el Grupo Promerica, que participa en varios países latinoamericanos, compró la mayoría de Produbanco. Con la nueva regulación propuesta tendría que deshacerse, en un año, de las filiales que tiene en Panamá e Islas Caimán. O salir del Ecuador.