Buenos Aires, 31 ago (EFE).- El Gobierno argentino tratará de imponer esta semana su mayoría parlamentaria para sacar adelante en el Senado, el proyecto que habilita el pago local de deuda y que pretende esquivar el bloqueo impuesto por la Justicia de Estados Unidos al pago a los acreedores de deuda reestructurada.
Después de haber logrado el dictamen positivo en las Comisiones de trabajo de la Cámara alta el pasado miércoles, el proyecto para habilitar el cambio de sede de pago de los bonos emitidos bajo legislación estadounidense será sometido al voto de los senadores argentinos el próximo 3 de septiembre.
Pese al rechazo de los principales grupos de la oposición, que ya han anunciado su voto en contra o abstención, el Gobierno de Cristina Fernández buscará escenificar el respaldo a las decisiones económicas del Ejecutivo con la que consideran mejor opción para cumplir con el próximo vencimiento de la deuda reestructurada, el próximo 30 de septiembre.
El Ejecutivo confía en la mayoría oficialista del Senado para dar media sanción al plan y girarlo para su votación definitiva en el Parlamento, también dominado por el oficialismo.
El proyecto para el pago local fue anunciado por Cristina Fernández ante la imposibilidad de hacer llegar a los acreedores los fondos del último vencimiento de deuda reestructurada a través de los agentes fiduciarios internacionales establecidos por contrato.
Dicho pago fue declarado «ilegal» por el juez neoyorquino Thomas Griesa hasta que Argentina salde la deuda de 1.300 millones de dólares, más intereses, con un grupo de fondos especulativos que no aceptaron las quitas de la reestructuración y denunciaron al país para cobrar el monto íntegro.
El Gobierno argentino denuncia que no puede acatar el fallo de Griesa porque desencadenaría denuncias millonarias por parte del resto de acreedores.
Durante el debate en Comisión, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que Argentina se encuentra en «una coyuntura que no admite la abstención» e instó a los senadores opositores a no rechazar el proyecto de pago local sin proponer una alternativa.
«Estamos frente a un problema que fue el fracaso de una gestión, que para usted es un éxito», contestó el senador de Unión Cívica Radical Gerardo Morales, quien anticipó que su partido no avalará el proyecto.
También adelantaron su negativa a la propuesta de ley los senadores del bloque Unen y Propuesta Republicana (PRO).
«Me fui bastante decepcionado con la oposición porque no encontré una actitud propositiva, encontré confusión y en algunos casos se propuso pagar lo que Griesa diga», lamentó Kicillof tras la sesión.
Por su parte, el peronista disidente Sergio Massa, líder del Frente Renovador y aspirante a la presidencia en 2015, rechaza el plan oficialista y plantea el pago al 92,4 % de bonistas a través de nuevos títulos que se puedan canjear de forma temporal por los que están bloqueados mientras se discute una salida con los restantes acreedores.
El proyecto de ley para que los acreedores puedan optar al cobro en Argentina, a través del Banco de la Nación Argentina o de otro agente de su elección, es uno de los tres frentes que mantiene abierto el Gobierno kirchnerista en su particular batalla contra los fondos especulativos.
Los esfuerzos para sumar apoyos internacionales cristalizaron este viernes con el anuncio de que el grupo G77+China solicitó que las Naciones Unidas debata sobre la conveniencia de redactar una convención internacional sobre la reestructuración de la deuda soberana.
Según anticipó Kicillof, la propuesta del G77+China, presentada a raíz de la crisis de la deuda argentina, se votará el próximo 9 de septiembre en la Asamblea General y en caso de resultado favorable, la nueva convención internacional estaría lista antes de un año.
El Gobierno explicó que la norma afectaría o no al conflicto con los fondos especulativos dependiendo de cómo quede redactada.
Además, Argentina decidió denunciar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por lo que consideran una violación de la soberanía a través de las decisiones del Poder Judicial estadounidense, pese a que Washington no reconoce obligatoriamente la jurisdicción de La Haya. EFE