Susana González
Guayaquil, Ecuador
Cambiar todo para que nada cambie, así se pudiera resumir la promesa de tener una democracia real, en la que los ciudadanos verdaderamente participen en la toma de decisiones del país. Se redactó una nueva Constitución, se creó un organismo supuestamente ciudadano y se normaron una serie de instrumentos para el ejercicio de esa nueva democracia. Sin embargo, los ecuatorianos solo son escuchados según las conveniencias políticas del gobierno.
Hace seis años, cuando se aprobó la nueva Carta Política, Rafael Correa vendió la idea de que uno de los grandes logros era la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que teóricamente iba a ser integrado por personas independientes, sin ataduras con organizaciones políticas. Sin embargo, en la práctica, no solo que está conformado casi en su totalidad por personajes afines al oficialismo, sino que es un ente cuya única función pareciera ser legitimar la cooptación gubernamental de todas las instancias de control del Estado.
Asimismo, los nuevos instrumentos que esta misma Constitución creó para el ejercicio de la democracia participativa, han sido inútiles para superar el mayor obstáculo: los intereses del propio gobierno. Así fue como las firmas recogidas para llamar a una consulta popular sobre el Parque Nacional Yasuní, fueron desechadas por un Consejo Nacional Electoral absorbido por el oficialismo.
No satisfecho con eso, ahora Rafael Correa pretende evadir la responsabilidad de consultar al pueblo sobre un asunto transcendental: la reelección indefinida. El doble discurso ha salido a flote. Los mismos legisladores que durante la Asamblea Constituyente de Montecristi se rasgaban las vestiduras hablando de instituir una democracia participativa en el Ecuador, hoy buscan evasivas para cumplir la orden emitida desde el Palacio de Carondelet y aprobar las reformas que permitan a su líder ser candidato eterno a la Presidencia de la República. Los mismos que antes se auto proclamaban invencibles en las urnas, ahora buscan mecanismos para no recurrir al pronunciamiento ciudadano.
Sin embargo, en estos días salió a la luz la razón de este comportamiento. La empresa Cedatos reveló que apenas el 9% de ecuatorianos está de acuerdo en que la reelección indefinida sea aprobada por la bancada parlamentaria de Alianza País. Y eso no es todo. Este mismo estudio reveló otro dato que seguramente dejó preocupados a muchos en la Casa de Gobierno: solamente el 38% de ecuatorianos estaría dispuesto a votar nuevamente por Correa en el 2017, frente a un 53% que está seguro de que no lo haría.
Con estas cifras se entienden los motivos del correísmo para cambiar su discurso y querer evadir la democracia participativa de la que tanto hablaba en el 2008. En pocos días seguramente quedará demostrado que toda la estructura creada para que el ciudadano ejerza una democracia real, depende únicamente del interés coyuntural de quien tiene el poder. La última palabra será de la Corte Constitucional, organismo caracterizado por resolver de acuerdo a los intereses del régimen, que debe decidir si la reelección indefinida podrá ser aprobada o no por 100 legisladores de Alianza País.
Posiblemente uno de los peores males para la democracia, sea tener un mandatario dedicado a hacer campaña y no a servir realmente a sus ciudadanos. Por ello, no queda otra alternativa que condenar el tipo de democracia que promueve el gobierno, donde la institucionalidad del Estado está orientada a favorecer sus intereses, con organismos de control cooptados políticamente y un aparato propagandístico dedicado a sembrar la división. Al mismo tiempo, es necesario insistir en que solamente de la unión entre ciudadanos, sociedad civil y grupos políticos comprometidos con el país, podrá salir la solución a los grandes problemas nacionales. El interés de los ecuatorianos está por encima de las ideologías o los partidos.
Malala Yousafzai, joven pakistaní de 17 años, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, lo resume de la forma más sencilla y categórica: «No queremos políticos que tomen todas sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías, lo que queremos es que escuchen a la gente».