Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Según el artículo 74 de la Ley de Comunicación, la cadena nacional o local ordenada por el Presidente y/o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba esta competencia deberán ser transmitidas en forma obligatoria y gratuita por los medios de comunicación audiovisuales por ser servicios sociales de información de interés general. “La verdadera libertad: el pasado no volverá” es el título del siniestro corto que la Secretaría de Comunicación (SECOM) obligó a transmitir basándose en la mencionada disposición y que pareciera no ser de interés público, sino del interés particular de la revolución ciudadana.
Esta propaganda no genera dialogo, sino que es discriminatoria; atenta contra los derechos humanos de un sector de los ecuatorianos, sin promover su aplicación; no contribuye a la paz ni a la seguridad; es un abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales hacen del poder público; y, frena la integración. Todas estas, son responsabilidades que el artículo 71 de la Ley de Comunicación impone a los medios de comunicación social.
Si fuera al revés, es decir, que un medio de comunicación privado hubiera producido un corto con un contenido similar, la SUPERCOM ya habría iniciado un proceso en su contra por infringir la Ley de Comunicación.
Así se usan parte de los impuestos de los ecuatorianos, incluyendo los pagados por quienes el corto ataca. El Estado se ha apropiado indebidamente de los recursos naturales no renovables y del espacio radioeléctrico. Si no fuera así, su única fuente de ingresos serían los tributos con los que aportamos para obtener servicios.
El Estado de ningún país es el motor de la economía. Por ser un pésimo administrador del dinero público. Después de más de medio siglo de revolución, el sueldo medio que percibe un trabajador cubano es de veinte dólares mensuales. Por eso es importante fomentar que las empresas privadas ganen más. Para generar más fuentes de trabajo y sustentar, vía impuestos, la verdadera misión de un gobierno.
Basta de atacar a los comerciantes y de restringir su crecimiento con el pretexto del déficit de la balanza comercial. En lugar de impulsar las ganancias, el gobierno prefiere que vivamos con lo mínimo indispensable. Pero el sector público es incapaz de reducir sus gastos e impulsar las exportaciones para obtener los recursos necesarios que le permitan invertir en lo social. Negarse a aquello es politiquería.
Estos argumentos fundamentan mi apoyo a la posición de Ecuavisa con respecto a un corto oficialista que solamente tiene un perjudicado: el desarrollo del país.