Diario Expreso
Guayaquil, Ecuador
La tensión entre poder y medios de comunicación es de vieja data, y tan amplia, que existiría un catálogo de relación por cada tipo de régimen con cada tipo de medio. Los tiempos revueltos que vive Ecuador, en consecuencia, ya tienen sus antecedentes históricos.
Ocurre aquí, sin embargo, que las pretendidas bondades con las que se fraguó el espíritu de la Ley de Comunicación podrían venirse al traste, y con ellas el entramado institucional que la sustenta.
La sanción impuesta al diario EXTRA por una noticia publicada sobre el accidente de Malaysia Airlines, y la posterior rectificación exigida a este periódico por informar de la misma, no pueden contemplarse más que desde la arbitrariedad de funcionarios de la Supercom que, contra la lógica, sentenciaron a tenor de teorías dispersas que nunca juzgaron la publicación de EXTRA sancionada, y condenaron con verbos condicionales que significan posibilidad pero nunca certeza. A mayor ahondamiento, los funcionarios censuraron la metáfora de un titular.
La dualidad entre el significado representativo de una institución y el carácter que le imprimen quienes la representan hay que cuidarla con el máximo celo. No en vano, la historia muestra inapelables ejemplos sobre conductas que fulminaron el prestigio de intachables instituciones.
Para comprender el sentido de la comunicación social hay que abrir todos los entretelones del escenario. No basta con la relación legal entre poder y medios, sino también con la opinión del ciudadano, un actor principal que permanentemente parece olvidado en esta trama.
Quienes hacemos periódicos presumimos con orgullo de que no existe ejercicio democrático más puro que la compra de un diario. Cada día, el lector deposita su voto de confianza en el medio, pagando y sin que nadie le obligue a ello.
Confundir el espíritu de la ley con el dominio que puede proporcionar su aplicación, es un grave error que a la larga pagará la institución que la encarna. Pretender trastocar la personalidad de los medios es atentar contra la libertad de elegir. Las autoridades deben entender que la vigilancia a los medios no se hace desde sentimientos empáticos, y que su dignidad, por alta que sea, nunca estará por encima de la institución a la que representan.