WASHINGTON — El presidente Barack Obama emitió el lunes una orden ejecutiva en la que declara la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidenses.
La acción ejecutiva ordena la suspensión de visas y la congelación de bienes en territorio estadounidense de siete funcionarios militares y policiales venezolanos.
«Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EE.UU., y declaró una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza», dijo Obama en la orden.
El mandatario citó, además, como factores «la restricción de libertades de expresión, el uso de la violencia, las violaciones de derechos humanos y los abusos en respuesta a protestas antigubernamentales; el arresto arbitrario y detención de manifestantes y la creciente presencia de una corrupción pública significativa».
La declaración de una «emergencia nacional» es una herramienta con la que cuenta el presidente de EE.UU. para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos.
Hasta ahora, el Gobierno estadounidense no ha hecho pública la lista de sancionados bajo la ley aprobada por el Congreso en diciembre, por lo que se desconoce si esos siete individuos identificados hoy se encontraban también en el listado de personas afectadas por la medida procedente del legislativo.
La orden ejecutiva firmada hoy también autoriza al Departamento del Tesoro a imponer más sanciones contra aquellos de los que se determine que han cometido «acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas» o hayan cometido violaciones de derechos humanos en protestas en Venezuela, según la Casa Blanca.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
___
Con información de LUIS ALONSO LUGO, Associated Press, y reportes de EFE.