Quito, 10 mar (EFE).- La Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) de Ecuador tachó hoy de «injerencia» las críticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por el uso que considera que hace el Gobierno de la Ley de Comunicación contra periodistas, caricaturistas y usuarios de redes sociales críticos.
La SIP, durante su reciente reunión de medio año en Panamá, mostró su preocupación por la utilización de esa ley ecuatoriana «para censurar y sancionar en 37 ocasiones a periodistas, caricaturistas, usuarios de Twitter y Facebook, y cerrar medios de comunicación».
Un informe de la organización periodística señala que en Ecuador, se han aplicado sanciones a medios, periodistas y caricaturistas y se han cerrado dos estaciones de radio.
«Se busca silenciar y desprestigiar ya no sólo a los medios de comunicación sino a quien ejerce opinión o creen, según esa visión, que hacen oposición», señala el estudio.
La Supercom rechazó hoy estas críticas y señaló que «ni un solo medio de comunicación ha sido cerrado por la vigencia de la Ley de Comunicación», al tiempo que defendió la norma, vigente en el país desde junio de 2013, porque «promueve el respeto a la honra y reputación de las personas» y «prohíbe la difusión de contenidos discriminatorios y violentos».
El organismo oficial dijo en un comunicado que la normativa, además, «protege los derechos de niños, niñas y adolescentes», pero al parecer a la SIP esto «le resulta persecutorio y censurador», comentó.
La institución de control indicó que el posicionamiento de la organización interamericana «no representa los intereses de millones de ecuatorianos que en un acto democrático votaron ‘SI'» por la creación de esa ley.
También señaló que la norma ha revalorizado la voz de los medios de prensa y ha dado el reconocimiento de un derecho constitucional y un bien público a la comunicación, que ha sido establecida «como servicio público».
Frente a las críticas de la SIP por las sanciones impuestas a 37 medios de comunicación, la Supercom señala que «nada se dice» desde esa organización sobre los 113 casos de ciudadanos que reclamaron por la vulneración de sus derechos y pidieron su intervención.
«No hay peor violación a la libertad de expresión que el silenciamiento de las mayorías en beneficio de unos pocos», indica el comunicado, y asegura que la superintendencia «no persigue», sino que «democratiza, pluraliza y da voz al pueblo». EFE