Andrea Sastre no se anduvo con rodeos cuando se le preguntó por los cuatro ex detenidos de la cárcel de Guantánamo que decidieron protestar acampando frente a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
«Como uruguaya siento fastidio por estos hombres», dijo Sastre, de 48 años, empleada de un establecimiento comercial. «No se desayunan de que esto no es el primer mundo, que el uruguayo pelea a brazo partido para vivir dignamente. Quieren casa. Quieren comida. Todo de arriba. Ni siquiera han pensado qué le van a ofrecer ellos al Uruguay. Estoy indignada».
Los manifestantes hacen parte de un grupo de seis presos que fueron liberados en diciembre de la cárcel de Guantánamo, en Cuba, luego de casi 13 años de detención. El entonces presidente de Uruguay, José Mujica, un ex guerrillero izquierdista que estuvo en prisión 12 años, los invitó a establecerse en esta nación sudamericana como un gesto humanitario.
Pero los hombres no han logrado adaptarse ni prosperar, están descontentos con sus circunstancias y con la cuantía de la ayuda que el gobierno uruguayo les ha extendido. Su protesta, que comenzó el 23 de abril, ha hecho que muchos uruguayos ahora les den la espalda.
«Yo estuve a favor de que vinieran a Uruguay, pero ahora ya no», dice Clara, empleada postal de 38 años, que prefiere que no se publique su apellido por temor. «Esta actitud de instalarse aquí frente a la embajada no me gustó nada. Ellos recibieron refugio en un país de paz. ¿Tanto les cuesta poner un poco de ganas y buena voluntad para adaptarse? Muchos uruguayos no reciben las ayudas que ellos están recibiendo y, sin embargo, no parecen estar agradecidos. Acá en el barrio, se han puesto a mucha gente en contra».
La problemática inserción de los refugiados ha generado inquietudes sobre el resultado de este experimento y lo que implique para los restantes detenidos en la prisión que es administrada por Estados Unidos y que el presidente Barack Obama ha prometido clausurar.
Los manifestantes dicen que Washington tiene la obligación de ayudarlos porque los encarceló por mucho tiempo sin acusarlos formalmente ni juzgarlos por delito alguno, y que el gobierno uruguayo les hizo promesas que no ha cumplido.
«Todos los que salieron de Guantánamo recibieron lo básico para poder rehacer su vida, incluyendo un lugar para vivir. A nosotros se nos dijo que pasaríamos unas semanas en un hotel y luego nos darían una casa», dijo a The Associated Press el sirio Alí al-Shaaban, uno de los refugiados, al comenzar la protesta. «Pero llevamos cinco meses hablando y no nos han dado nada».
La embajada declinó varias solicitudes de los refugiados para reunirse con el embajador estadounidense y las posibilidades de que ese gobierno les otorgue ayuda financiera es poco probable pues los tribunales federales de ese país han rechazado varias demandas en ese sentido.
El abogado y representante de los refugiados, Mauricio Pígola, dice que los hombres estarían en condiciones de presentar una demanda si quisieran, pero a la fecha no lo han hecho.
Los ex prisioneros se quejan de que el dinero que reciben del gobierno uruguayo, unos 600 dólares mensuales, es poco. Sin embargo, según cifras de la central sindical única PIT-CNT, el 40% de los asalariados uruguayos ganan sueldos mensuales por debajo de los 600 dólares y que, con ese monto, muchos pagan el alquiler de su vivienda y los impuestos.
Los dirigentes del PIT-CNT, quienes a pedido de Mujica recibieron a los refugiados, los alojaron en una vivienda de su propiedad y los ayudaron en sus primeras semanas en Uruguay, relataron que recibieron muchas ofertas de trabajo como cocineros o en trabajos de construcción, pero que no las aceptaron por no sentirse en condiciones.
Los refugiados, cuatro sirios, un tunecino y un palestino y cuyas edades oscilan entre los 30 y 50 años, dicen que quieren trabajar pero que están agobiados por problemas de salud relacionados con su encarcelamiento, como la depresión, la ansiedad y problemas digestivos.
«No es que no quieran trabajar», dijo el abogado Pígola. «Pero para que la inserción laboral sea exitosa, primero hay que solucionar el tema del idioma». Los refugiados lo reconocen pero dicen que formalmente no están estudiando español.
El diario La Prensa, de la ciudad de Salto, editorializó diciendo que era claro que los refugiados no querían trabajar. «Hoy el país tiene un problema gratuito que no lo originó pero que sí lo buscó» y sostuvo que Mujica «no midió riesgos ni posibles complicaciones».
Cientos de presos han sido liberados de la cárcel de Guantánamo desde 2002. Algunos no han podido regresar a sus países de origen por diversas razones y se han ido a Estonia, Omán, Kazajstán, Georgia, Eslovaquia y Afganistán. Los refugiados en Uruguay actualmente son los únicos que están en Latinoamérica.
Los problemas de adaptación de los refugiados han generado la preocupación de que otros países podrían desanimarse a aceptar presos de Guantánamo en el futuro. Congresistas estadounidenses, recelosos con este tipo de reubicaciones, podrían restringir aún más los procesos de refugio.
La semana pasada el representante republicano de California, Ed Royce, escribió una carta al Secretario de Estado John Kerry diciendo que la liberación de los seis refugiados en Uruguay era «incompatible» con las leyes de su país debido a que el gobierno uruguayo no había restringido su circulación.
«Uruguay no ha tomado medidas para mitigar el riesgo que estos detenidos representan para Estados Unidos, incluyendo para la propia embajada estadounidense en Montevideo», escribió.
Muchos, en un país que ha aprobado leyes progresistas como la legalización de la marihuana, se sentían orgullosos de poder ayudar a personas a quienes veían como víctimas de un injusto encarcelamiento. Sin embargo, las sonrisas, las sesiones de fotos y las declaraciones solidarias han dado paso a la frustración.
La última disputa sucedió cuando se les pidió a los refugiados a firmar un acuerdo que los habilitaría para seguir recibiendo la ayuda financiera del gobierno.
El palestino Mohammed Abdullah Tahamatán firmó el convenio pero los restantes cinco se resistieron porque dicen que el dinero no es suficiente para vivir y menos para traer a su familia al país o para formar una familia en Uruguay. También se quejan de que su situación financiera no les permite obtener tarjetas de crédito y así suscribirse a Netflix y ver películas en su lengua.
Pígola dice que el acuerdo está siendo objeto de una redacción más específica, con lo cual tiene esperanzas de que sea firmado en breve. «Faltaba concreción en el alcance de las normas que establece», afirmó.
La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, declaró que si los hombres no firmaban perderán su ayuda financiera.
Christian Mirza, un uruguayo nacido en Egipto y militante de la causa palestina, es el funcionario al que el gobierno encargó mediar para que los refugiados firmen y concluyan su protesta. Los temas que están discutiendo son los subsidios que reciben del estado, la vivienda, la cobertura de salud y las condiciones para traer a sus familias.
«Soy optimista. Estamos avanzando. Se nota un mayor entendimiento y muy buena voluntad de ellos», dijo Mirza a la AP. «Ellos buscan certezas. Es algo lógico y normal, teniendo en cuenta que llegaron a un país del cual solo conocían el nombre».
Cada noche los noticieros reportan lo último de la situación mientras que los vecinos del barrio Palermo, donde está la embajada estadounidense, están divididos. Algunos apoyan a los refugiados, les han prestado sacos de dormir y carpas, y les llevan comida.
Un ex integrante del gobierno, vecino de la embajada, les abrió las puertas de su casa para que pudieran bañarse y comer y otros, como Graciano Terra, dice que hay que tener paciencia con los refugiados pues estuvieron doce años en malas compañías.
«Los estadounidenses siempre tienen guerra fría y nos traen a nosotros la guerra caliente. Creo que debieron llegar con un paquete mejor armado», dice Terra, jubilado de 72 años, vecino de la embajada.
La escritora Ana Valdés, de 61 años, es una de las personas que lleva ayuda a los refugiados e intenta colaborar en su integración. «Antes del conflicto los llevé a comer al Mercado Agrícola y la gente se sacaba fotos con ellos. Pero este conflicto les ha traído una opinión más desfavorable. Ellos reclaman más de 15.000 pesos y hay gente que dice, yo trabajé toda la vida en Uruguay y cobro una jubilación de 8.000″, dijo.
«Pero hay que entender que estuvieron 13 años presos, en condiciones terribles y que Estados Unidos tendría que hacerse cargo de ellos por lo que les hizo», agregó.
El presidente Tabaré Vázquez, semanas atrás, manifestó que Washington debería mantener a los seis refugiados: «Uruguay les dio un asilo, pero es el gobierno de los Estados Unidos el que debe proporcionar todos los medios para que la vida de esos ciudadanos de otros países sea digna en nuestro país».
Luego el gobierno admitió que el dinero que se les ha otorgado proviene de la cancillería y la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf, afirmó que su país no tiene «ninguna obligación» de pagar «una compensación económica» a los ex prisioneros.
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Por LEONARDO HABERKORN y PETER PRENGAMAN, Associated Press. El jefe de noticias del Cono Sur, Peter Prengaman, reportó desde Buenos Aires.