Comisión de Participación Ciudadana cita a ministros de Justicia e Industrias

Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Foto: Asamblea Nacional

La Comisión de Participación Ciudadana citó para mañana, 5 de agosto, a las 10h00, a la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, para que presente sus observaciones y aportes al proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Este texto se convirtió en prioridad para este ente legislativo, que pretende ajustar la normativa a los mandatos de la Constitución, en materia de derechos humanos, en vista de que la ley vigente rige desde 1996.

Posteriormente, comparecerá el ministro de Industrias y Productividad, Miguel Eduardo Egas, quien también se referirá al mismo texto legal.

La Comisión lleva acabo la discusión de esta iniciativa con diferentes actores gubernamentales, de organizaciones sociales, ciudadanos y legisladores, previo a elaborar el informe para segundo debate.

El objetivo del texto es regular las atribuciones, estructura y procedimientos de la Defensoría del Pueblo, para proteger, promover y tutelar los derechos reconocidos en la Carta Magna y en los Tratados e Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

En el proyecto también se plantean como principios rectores que regirán a la Defensoría del Pueblo la oficiosidad, prevención, publicidad, confidencialidad, reserva, accesibilidad, celeridad y formalidad condicionada. La normativa también plantea que esta institución se guie por la igualdad, no discriminación, interculturalidad, gratuidad, imparcialidad e independencia.

Según la propuesta se plantean como temáticas a la institucionalidad, que tiene que ver con la naturaleza, atribuciones, procesos de designación y cesación de funciones, desconcentración, promoción de los derechos humanos, delegaciones en el exterior, entre otros temas y procedimientos.

En cuanto a las delegaciones de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en el exterior la vicepresidenta de la comisión, Johana Cedeño propuso clarificar el contenido. Plantea que se debe coordinar con las instituciones del servicio exterior, instituciones de derechos humanos, asociaciones y colectivos de personas migrantes y otros actores en el país de destino, así como con los sistemas regionales o internacionales, mecanismos y estrategias de protección y promoción de derechos.

Así mismo, plantea que se debe brindar asistencia y visitar, en coordinación con el servicio exterior, a las y los ecuatorianos en centros de privación de libertad, especialmente en aquellos destinados para personas migrantes en situación irregular. El propósito es promover la intervención y gestión de las instituciones del Estado receptor, encargadas de velar por sus derechos. (I)

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