El colectivo Yasunidos presentó este viernes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se aclare la actuación de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) después la organización «Ecuador Transparente» reveló una serie de supuestos informes de la Senain en los que se señala a Yasunidos como uno de los blancos de supuesto espionaje.
Yasunidos puso esta denuncia «luego de que se hiciera público el espionaje y actos de violación a la intimidad de Yasunidos y varios activistas nacionales y extranjeros», indica un boletín de prensa del colectivo.
En dichos documentos, la Secretaría de Inteligencia aparentemente analiza la organización del colectivo y la manera en la que trabajaron para recoger firmas de respaldo para convocar a una consulta popular, que impulsaron entre 2013 y 2014, con el fin de que se detenga la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que investigue si fueron sujetos de espionaje, lo que se convertiría en un delito si se hizo sin la orden de un juez, como manda la normativa interna.
Pablo Piedra, abogado del colectivo, explicó que Yasunidos ha pedido a la Fiscalía una investigación inmediata, pues consideró que podría haber una violación de derechos.
«Es un grave acto en contra de la intimidad personal de los miembros de Yasunidos. Exigimos que se respeten nuestros derechos», añadió Piedra.
Esperanza Martínez, activista de Acción Ecológica e integrante de Yaunidos, agregó que su colectivo solo ejerció un derecho consagrado en la Constitución para pedir que se convocara a una consulta popular.
Según ella, en los documentos supuestamente filtrados de la Senain, se trata a los activistas como «delincuentes».
«Se ponen nuestras fotos, se investigan llamadas y presuntos vínculos», afirmó.
«Es absurdo gastar fondos públicos en eso», añadió, por su parte, Antonela Calle, miembro del colectivo y quien es señalada en los supuestos informes de inteligencia.
En octubre del año pasado, Yasunidos demandó al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarse a celebrar la consulta popular sobre la explotación petrolífera en una zona de la reserva natural del Yasuní, en el este de la Amazonía del país.
En mayo del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador no dio paso al pedido de consulta popular, al declarar que el colectivo no consiguió reunir las firmas necesarias.
La entidad aceptó como válidas 359.761 de las 599.103 firmas registradas, aunque Yasunidos aseguró que presentó al organismo más de 757.000, pese a que requería de 600.000 para que se aprobara su petición.
El CNE denunció entonces «varias inconsistencias» en las firmas presentadas y entre ellas mencionó que algunas fueron repetidas hasta nueve veces, así como que se entregaron autógrafos falsos de personajes como Bruce Wayne (Batman) y Darth Wader (Star Wars).
Los dirigentes del colectivo ambiental calificaron de «poco democrático» el proceso de verificación y exigieron que se hagan públicos todos los formularios donde se hallaron las irregularidades denunciadas por el órgano electoral.
El pedido de consulta popular surgió después de que en agosto de 2013, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunciara la eliminación de la iniciativa Yasuní-ITT, que buscaba el respaldo económico de la comunidad internacional para no explotar crudo de las zonas de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), en el Parque Yasuní, declarado Reserva Natural de la Biosfera.
«El mundo nos ha fallado», dijo entonces Correa, en referencia a que no se contribuyó con el proyecto, y anunció que la explotación en el Yasuní afectará «menos del uno por mil del Parque», que abarca un millón de hectáreas de la selva amazónica y que supondría obtener ingresos por unos 18.000 millones de dólares.
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