La juez Marilin González Crespo, de Loja, ha negado la libertad a 26 personas, de la comunidad de los saraguros, detenidas tras un violento enfrentamiento con la fuerza pública el pasado 17 de agosto en el marco del levantamiento indígena en contra de las enmiendas constitucionales que persiguen permitir la reelección indefinida del presidente Rafael Correa.
Los saraguros también pedían la apertura de guarderías que habían sido cerradas, la nominación de los directores de los centros educativos interculturales, que la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro no impida la comercialización de la producción de leche y queso con el argumento de exigir productos de excelente calidad.
El enfrentamiento se volvió una batalla campal que duró casi una hora: hubo golpeados y asfixiados por los gases lacrimógenos lanzados por la fuerza pública. El gobierno acusó de provocar heridas en los agentes y dijo que uno de ellos fue secuestrado y torturado antes de ser liberado.
Los detenidos, que fueron llevados esposados a la audiencia, son 15 hombres y 11 mujeres que habían bloqueado la carretera entre Cuenca y Loja.
La jueza ha declarado que «la acción de hábeas corpus es improcedente dado que no se ha demostrado que los accionantes sufrieron la detencion ilegal, arbitraria o ilegítima como tampoco se a demostrado que estén sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes».
La decisión de la jueza ha provocado indignación y llanto entre los familias de los detenidos que se habían congregado en torno al edificio, que fue rodeado por un contingente de la fuerza pública. El alcalde de Sararugo, Abel Sarango, de las filas de Pachakutik, anunció que proseguirán con la movilización para conseguir la liberación de los 26 detenidos.