María Fernanda Egas
Miami, Estados Unidos
Una Marcha Indígena Por la Vida y la Dignidad reprimida ni bien se inició el 2 de agosto hasta confluir en el paro nacional convocado en Quito el 13 de agosto. Líderes indígenas arrastrados como en la colonia, ciudadanos de varias nacionalidades indígenas violentados por la Policía Nacional, bajo el comando del Ministro del Interior. Policía montada amedrentando a los manifestantes en el centro histórico de Quito. Más hombres y mujeres arrastrados, golpeados y ensangrentados. Vídeos, fotos y testimonios que dieron la vuelta al mundo no solo en las redes sociales, sino también en prestigiosos medios periodísticos adonde la censura no llega.
Funcionarios del gobierno declarando que las protestas populares fueron un fracaso, y mostrando su irrespeto y sorna hacia representantes del grupo poblacional con mayor reconocimiento internacional del Ecuador: el movimiento indígena.
¿Por qué siente el gobierno ecuatoriano la imperiosa necesidad de desarticular y descalificar a las marchas convocadas por los pueblos ancestrales del Ecuador?
Ya lo experimentamos en marzo del 2012 con la Marcha por el Agua, en la que el régimen judicializó a cerca de 200 indígenas y quiso involucrar en su tesis de la desestabilización a «Los 10 de Luluncoto».
Al 2015, sin intenciones de escuchar sus reclamos por el archivo de las enmiendas constitucionales que incluyen la reelección indefinida, y otras leyes como la Ley del Agua, del reordenamiento territorial y la de educación intercultural (aprobada una semana después de que los indígenas se retiraran de Quito); el régimen elabora su verdad oficial: la marcha fue de fracasados.
Si concluimos que verdaderamente ni la marcha indígena ni el paro nacional lograron el archivo de las enmiendas, ni resolver otras demandas sociales, podemos estar de acuerdo con el gobierno: sí, la marcha fue un fracaso.
Más si observamos sus consecuencias en la sociedad y en la opinión internacional los acontecimientos iniciados el 13 de agosto fueron un éxito sin precedentes.
El mérito absoluto es del régimen: demostró todas sus debilidades al preferir la violencia y el desconocimiento de las demandas sociales, haciendo gala del abuso de la fuerza sobre la población más vulnerable del país.
Ante las peticiones de rectificación hacia el régimen, este demostró que no estaba en sus planes dar su brazo a torcer, desde el momento en que le dio una inusual licencia a su Canciller para que con un mes de antelación trabajara en las bases políticas, de cara a la convocatoria a la marcha indígena y al paro nacional.
De acuerdo al Informe Patiño (un documento filtrado por el sitio www.milhojas.is, cuya autencidad no ha sido comprobada), el Canciller con licencia para ejercer su experiencia sandinista en la organización de bases políticas, preparó al régimen para reprimir las manifestaciones convocadas por sus otrora aliados, el movimiento indígena y los movimientos sociales del Ecuador.
La necesidad de combatir mediante el uso de la fuerza el reclamo popular se debe en gran medida a que luego de ocho años del despilfarro en propaganda goebbeliana esta ha perdido su efecto alienador frente a la realidad del desgaste político, como evalúan tanto las encuestas que distan mucho de la fabricación del “mejor presidente del mundo” como el propio Informe Patiño, que reconoce que han perdido la confianza del pueblo, pero que sigue considerando que la solución radica en el trabajo partidista, no en el diálogo ni la rectificación. Desde los ministros de estado hasta el trabajo puerta a puerta de las centrales y comités de la revolución ciudadana necesitan de un discurso incluyente. La comunicación es su estrategia para “convencer”sobre las bondades de su proyecto político. La conclusión es que solo les quedan dos opciones: el uso de la represión estatal o el uso de la misma pero con ayuda de la población colaboracionista.
El Informe Patiño lamenta no contar con unas Fuerzas Armadas chavistas-antiimperialistas. Pero dos días después las protestas se expandían a nivel nacional, y coincidiendo con la actividad del volcán Cotopaxi, el presidente Correa decretó el estado de excepción y prontamente fue enviada la Infantería de Marina al Oriente, en Macas, donde la protesta de los shuar y achuar se había radicalizado.
La lucha cuerpo a cuerpo de la policía contra el pueblo; y que las Fuerzas Armadas hayan sido desplazadas al Oriente, donde no existe actividad volcánica, son imágenes de un autoritarismo que ya quedaron impresas en la memoria del Ecuador. Exhibir mediante decreto los temores del régimen ante una protesta que se viralizaba en muchos puntos del Ecuador fue otro lamentable acierto de los fracasados.
Otra imagen indeleble de los abusos de este gobierno pasó a ser lo sucedido el 17 de agosto en Saraguro, cuando bajo el pretexto del disolver un cierre de vías, la masa policial ingresó a las viviendas en Saraguro a reprimir mujeres, niños y ancianos. Hasta la fecha mantienen 26 presos políticos de Saraguro. La pregunta que deberá tener respuesta cuando recuperemos el estado de derecho en el Ecuador es quién ordenó esta barbaridad.
Ante los intentos del oficialismo por invisibilizar la protesta popular y hasta el número de heridos y detenidos, rayan en la inverosimilitud. Resulta increíble que en una semana de marchas y represión, los únicos violentados en sus derechos humanos y heridos de los que las autoridades informen al Ecuador y al mundo sean policías, quienes sí recibieron atención, hospitalización y visita de las autoridades. A una semana de las protestas el movimiento indígena reportó 131 detenidos pero la Fiscalía General informó que el saldo de las manifestaciones fue de 111 detenidos -de los cuales 95 seguían entonces en prisión- y 98 heridos de la fuerza pública. Y los heridos de la población civil nunca existieron? Y el ojo perdido de Luis Hernán Pallasco? Y las heridas registradas por la activista amazónica de 61 años #MargothEscobar?
Otro éxito surgido del error garrafal del régimen se dió gracias a la detención e intento de deportación de #ManuelaPicq periodista y catedrática franco-brasileña arrastrada y apresada sin motivo quien finalmente dejó el país por falta de garantías. Su testimonio ante la comunidad internacional echó por tierra el apoyo de académicos de izquierda otrora alineados con el correísmo.
A su pareja y presidente de la Ecuarunari Carlos Pérez Guartambel y al Prefecto de Zamora Chinchipe Salvador Quishpe les irrespetaron sus dignidades y denunciaron públicamente violencia y detención. No contentos con esto, dejaron exitosamente en claro que la revolución ciudadana, que utilizó al movimiento indígena para llegar al poder y construir su imagen internacional, es profundamente racista.
Si bien es cierto que apenas unas cuantas autoridades de elección popular, valientes asambleístas y las vicealcaldesas de Quito, salieron a defender a los ciudadanos reprimidos en diferentes lugares del Ecuador, las reacciones del oficialismo ante estas muestras de solidaridad son otro éxito de los fracasados.
Pero sin duda el mayor éxito es haber despertado una conciencia ciudadana de que el pueblo le ha perdido el miedo al gobierno de la revolución ciudadana. Todas las manifestaciones de solidaridad y apoyo obtenidas a partir de las marchas y protestas de agosto son una clara señal de que finalmente el encanto se rompió y de que el fracaso del que habla el gobierno, fue todo un éxito.