La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) expresó hoy su esperanza de que representantes ONU y la Unión Europa (UE) puedan visitar una zona amazónica donde a finales de septiembre ocurrió lo que tilda de desalojo ilegal de trece familias.
El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, dijo hoy en rueda de prensa que el 30 de septiembre se desalojó del territorio de Tundayme a familias «sin ninguna consulta previa, violando derechos constitucionales».
Agregó que las familias no recibieron «ninguna indemnización» ni previo aviso de que debían salir del área y subrayó que las familias han señalado que «quieren tranquilidad, paz y estar legítimamente en su territorio».
En los hechos del 30 de septiembre hubo «destrucción de viviendas» y «ahora no sabemos el destino de sus bienes», añadió.
El 1 de octubre, el Ministerio del Interior informó en un comunicado de que la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía ejecutó en Tundayme un operativo de control con la finalidad de hacer efectiva la servidumbre minera otorgada a la empresa trasnacional China, Ecuacorriente S.A.
Añadió que desde el 2014, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), otorgó las concesiones para la explotación minera a gran escala por parte de Ecuacorriente S. A.
Para que la empresa proceda con el trabajo, el acuerdo incluía una servidumbre minera, es decir, el paso libre por determinado terreno hasta el lugar donde se realizará la explotación, explicó.
«Luego de tres meses de planificación, el Ministerio del Interior, Gobernación, Intendencia y Policía Nacional, procedieron a la capacitación y notificación a los pobladores de Tundayme, a fin de que no se produzcan incidentes entre comuneros y trabajadores mineros», señaló el Ministerio en su comunicado.
Agregó que con la notificación previa, «más de 135 uniformados desalojaron el sector para la servidumbre minera. Durante este operativo, no se registraron inconvenientes» y la Policía actuó «en el marco del respeto a los derechos humanos, para precautelar la integridad de los comuneros del sector, quienes tuvieron que retirarse».
Herrera, quien no concuerda con la versión del Ministerio, dijo que pretenden conformar una comisión en la que han invitado a integrarse a delegados del Estado, representantes de derechos humanos, «de las Naciones Unidas, la Unión Europea» para visitar «los lugares de hecho para ver esa realidad».
Luis Saavedra, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), señaló que la participación de delegados de la ONU y de la UE está anclada a que en la comisión haya representantes del Estado.
En la rueda de prensa dijo que invitan públicamente a la ministra de Justicia, Lady Zúñiga; al defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, y a Zobeida Gudiño, de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, a que visiten la zona.
«La Conaie y las organizaciones que trabajamos en la zona, vamos a proporcionarles toda la logística necesaria para que puedan acudir y llegar a ver y comprobar la realidad», dijo al subrayar que el protocolo de la ONU y UE «dice que pueden acompañar a la misión solo cuando el Gobierno también acompañe».
Según él, un delegado de la ONU, al que no identificó, le indicó que tiene «la buena voluntad de asistir a la misión» y que representantes de la UE están «en la misma tónica de acompañarnos, de apoyar esta comitiva e ir conjuntamente con el Estado y las organizaciones», señaló en la rueda de prensa.
Saavedra indicó que con la misión, que planean que salga de Quito el 14 de octubre y permanezca entre el 15 y 16 en Tundayme, pretenden que se compruebe «quién miente y quién dice la verdad».
Por otra parte, en la rueda de prensa, el presidente de la Conaie ratificó «la continuidad del levantamiento y el paro que se llevó a cabo en agosto» contra ciertas políticas del Gobierno presidido por Rafael Correa y reiteró que el próximo 11 de noviembre realizarán una movilización nacional. EFE [I]