Ejecutivo veta parcialmente la Ley de Asociaciones Público-Privadas

Guayaquil (Guayas), 29 octubre 2015 - El Presidente de la República, Rafael Correa, se reunió con medios de comunicación locales, desde el edificio de la Gobernación del Guayas. Foto: Pablo Andrés Reinoso / Presidencia de la República.

El presidente de la República, Rafael Correa, remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, mejor conocida como Ley APP, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 27 de octubre, informa el portal web del Diario El Telégrafo.

El documento contiene 10 objeciones a cinco disposiciones reformatorias de la normativa.

Una de ellas se refiere a la reforma a la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos del Banco Nacional de Fomento (BNF), cuyo plazo venció el 5 de mayo (180 días después de emitida) y que fue ampliado por el Legislativo hasta el 31 de diciembre.

El Jefe de Estado argumenta un error técnico en la disposición, ya que “el artículo pierde su eficacia una vez cumplido su objetivo o transcurrido su tiempo de vigencia”.

Propone que se otorgue un período de 150 días, a partir de la publicación de la ley en el Registro Oficial, para las operaciones de crédito y/o inversión que no hayan sido reestructuradas, refinanciadas o reactivadas dentro del primer plazo.

Lo propio objeta sobre la remisión de intereses a los microcréditos de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La Asamblea aprobó la condonación del 100% de recargos para los pescadores artesanales. Sin embargo, el Ejecutivo aduce que el artículo es discriminatorio, pues solo favorece a un sector.

En su lugar sugiere que la remisión se aplique a todos quienes hayan obtenido microcréditos hasta diciembre de 2013. Para acceder al beneficio se debe presentar una solicitud hasta en 60 días después de emitida la ley.

La Ley APP fija mecanismos para las alianzas entre el Estado y el sector privado para la ejecución de proyectos, excluyendo a los sectores estratégicos, salvo los nuevos proyectos públicos en materia energética.

El Legislativo deberá pronunciarse en los próximos días sobre acogerse o allanarse al veto. [I]

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