Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador
Después de nueve años de correísmo, el régimen consecutivo más largo y adinerado de la historia del Ecuador, los resultados están a la vista. Carreteras donde transita cada vez menos comercio. Hospitales sin medicinas ni equipos suficientes. Seguro social con más afiliados, pero quebrado. Sector rural donde dos de cada tres ecuatorianos no tienen empleo. Agro tres veces más pobre que la zona urbana. 84.500 ecuatorianos que han perdido su empleo en 2015. Todo según cifras oficiales que ratifican la crisis económica, en medio de una democracia devastada por el caudillismo autoritario, la persecución a la prensa y la concentración de todos los poderes: el mejor caldo de cultivo para la corrupción y la ineficiencia que resulta de la ausencia de contrapesos y diálogo social.
Nueve años después, Ecuador está en una encrucijada: o continuamos el modelo correísta —con o sin Correa— o lo cambiamos por un nuevo modelo el 2017. Ese cambio pasa por dos instancias: la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Pues bien, este martes 19 de enero, un grupo de activistas tomamos un paso decisivo para concretar lo segundo: una convergencia legislativa a favor de la democracia, las libertades y el progreso en Ecuador desde mayo de 2017.
¿Qué implica esta convergencia legislativa?
No es una alianza electoral, sino una coincidencia para impulsar una agenda legislativa común en la nueva Asamblea. Un compromiso firmado que los ciudadanos podrán hacer exigible a los nuevos asambleístas, sea que lleguen juntos o cada uno por su cuenta. Por tanto, al ser esta una convergencia temática y no electoral, no puede excluir a absolutamente nadie que desee entrar en ella. Si un ex correísta se compromete a reformar la Ley de Comunicación y derogar las enmiendas, lo cual no implica ir en listas conjuntas con él, ¿por qué se lenegaría tal derecho? El cambio del 2017 no puede repetir el sectarismo que hoy tanto fastidia al pueblo. El diálogo no se puede construir en base al odio y la revancha. Eso es, justamente, lo que practica hoy Alianza País. Y es lo quedebemos superar.
Por otro lado, convergencia no significa mimetismo, ni ponerse de acuerdo exige pensar idéntico. Al revés: solo pueden converger quienes vienen desde distintas orillas. El objetivo es lograr consensos en torno a propuestas y principios, más allá de diferencias que siguen estando ahí. La invaluable diversidad ideológica, étnica, cultural y política en un país tan pequeño como Ecuador, es uno de nuestros mayores tesoros que el correísmo ha pretendido eliminar: elsueño húmedo del presidente es que todos pensemos como él. En La Unidad buscamos lo opuesto: construir acuerdos que se edifican sobre el respeto alpluralismo que nos enriquece a todos y es el motor permanente del progreso social.
¿Cuál es el contenido de la convergencia?
Primero, reconstruir la democracia, lo cual implica que la nueva Asamblea derogue las enmiendas a la Constitución aprobadas de espaldas al pueblo, garantice la independencia de poderes y cumpla la función más olvidada por los sumisos de Alianza País: la fiscalización. El 19 de enero firmamos el compromiso de fiscalizar a todos, de cualquier partido o ideología. Y eso incluye, por supuesto, a quienes estuvieron presentes el 19 de enero. Más claro: incluye a Ramiro González y cualquier otro que haya participado en el régimen correísta, así como a quienes participen en el nuevo gobierno el 2017, aun cuando fueren parte de La Unidad. Cada dólar que se desvía en corrupción es un dólar menos para los ciudadanos. La fiscalización, por tanto, es una obligación para cuidar el bolsillo del pueblo, caiga quien caiga, y no un arma que distinga entre amigos o enemigos para intentar persecuciones o revanchas políticas.
Segundo, defender las libertades. La nueva Asamblea devolverá a los jóvenes su derecho a elegir la carrera que les dé la gana, sin imposiciones arbitrarias del Estado, y a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente, a criticar a quien quieran, sin mordazas en una Ley de Comunicación que debe reformarse de raíz para promover el pluralismo y proteger a los periodistas ante cualquier censura o represalia autoritaria.
Tercero, impulsar el progreso económico y social. La nueva Asamblea debe reformar la seguridad social para que cada afiliado sea dueño de su ahorro individual y debe prohibir que cualquier gobierno siga utilizando al IESS como caja chica. La nueva Asamblea debe evitar impuestos confiscatorios y promover normas estables que aseguren a todo inversionista que, si cumple con las leyes, sus derechos a cambio serán respetados y no estarán a merced del hígado del caudillo de turno. La nueva Asamblea debe garantizar la seguridad jurídica y generar los incentivos necesarios para blindar la dolarización, aumentar el empleo, reducir la informalidad laboral que hoy aqueja a la mitad del país, estimular el emprendimiento y mejorar la productividad del agro, sobre todo en su zona principal que es la cuenca del río Guayas.
¿Qué nos falta?
Sumar otros compromisos que surjan del diálogo ciudadano y lograr la unidad electoral para tener mayoría en la nueva Asamblea.
Ahora, si bien la unidad es deseable en el 2017, se vuelve imperativa en las listas provinciales de asambleístas, donde el método D’Hont castiga la división electoral y premia desmedidamente a quien obtiene un mayor porcentaje. Gracias al método D’Hont, hoy Alianza País tiene muchos más asambleístas que votos. Por ende, si queremos una nueva Asamblea, es indispensable la unidad en las listas provinciales o, al menos, pactos de no agresión. Y eso debe incluir a CREO, cierta izquierda y parte de Pachakutik que hoy no están en La Unidad. Aun cuando vayamos separados en los binomios presidenciales —donde hay segunda vuelta— o las listas nacionales para la Asamblea —donde rige un método proporcional que asigna escaños en base al número exacto de votos—, si nos dividimos en las provincias, perdemos todos.
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Las cartas están sobre la mesa. El 2017 será la prueba de fuego: nos tocará elegir entre enquistar un modelo correísta que ha sumergido en crisis al país luego de la mayor bonanza petrolera de la historia, o promover el cambio hacia un nuevo Ecuador que construya la democracia, defienda las libertades y detone el progreso con un equilibrio inteligente entre emprendimiento y justicia, reglas claras e inversión social.
La mayoría ya lo tenemos claro. Ahora solo falta que los políticos se pongan a la altura de los ciudadanos.
* Héctor Yépez Martínez es dirigente provincial del movimiento SUMA en Guayas. Es co-conductor del programa «Con Todo Respeto», que se transmite los lunes, a las 18h00, en LaRepública. Twitter: @hectoryepezm