BUENOS AIRES (AP) — La investigación sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman hace poco más de un año dio un nuevo giro este martes con la decisión de un tribunal superior de trasladar el caso a la justicia federal ante las evidencias que respaldan la hipótesis de un asesinato vinculado a su función.
Nisman estaba al frente de la investigación por el atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 y de la posterior denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento cuando fue hallado muerto con un disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015.
Los tres miembros de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvieron por unanimidad girar el caso al fuero federal por considerar que «existen razones más que plausibles para poder dar crédito a la hipótesis de máxima que sugieren los acusadores, tanto públicos como privados, para suponer que la muerte de Alberto Natalio Nisman también pudo ser el resultado de la actividad de terceras personas en el marco de su función».
La causa se tramitaba hasta ahora en la justicia criminal y correccional por tratarse de una muerte dudosa.
Nisman fue hallado sin vida en el baño de su apartamento de Buenos Aires cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Fernández (2007-2015), a su canciller Héctor Timerman y a allegados al gobierno por el supuesto encubrimiento de ciudadanos iraníes imputados por el atentado contra el centro judío. Un día después debía presentarse en el Congreso para fundamentar la denuncia.
Ahora la causa Nisman debería ir a sorteo para definir al juez que asumirá la investigación de su muerte, aunque existe la posibilidad que una corte federal la delegue en alguno de los magistrados que tienen a su cargo causas vinculadas.
En la misma resolución de este martes, la cámara cuestionó la labor de la fiscal de instrucción Viviana Fein, a cargo del caso hasta enero, por irregularidades en la pesquisa y al juez Manuel De Campo, el primer funcionario judicial presente en la escena del hecho, porque «san cometido un sinfín de groseras desprolijidades».
El traspaso del caso al fuero federal era reclamado por la familia del fiscal muerto, la cual desde el primer momento sostuvo que fue asesinado y cuestionó que la investigación de Fein se oriente hacia la hipótesis del suicidio.
Si bien los jueces de la Cámara no manifestaron explícitamente que Nisman fue asesinado porque «resulta imposible con las actuales constancias del legajo, afirmar o descartar» esta hipótesis, enumeraron una serie de elementos que los lleva a suponer que fue un homicidio y dejaron entrever que en el mismo estarían involucrados miembros de la fuerzas de seguridad y del servicio de inteligencia.
El tribunal alertó sobre el desempeño de los dos custodios del fiscal, los cuales pertenecían a la Policía Federal. «Aun siendo en apariencia responsables sólo de sus desplazamientos, la intervención que habían decidido tomar debió llevarlos a una acción más positiva», dijeron en referencia a las 12 horas que pasaron entre del horario que el fiscal les había fijado para que lo pasaran a buscar a su domicilio y el ingreso al mismo de los custodios tras los reiterados llamados al móvil de Nisman sin obtener respuesta.
También advirtieron sobre sospechosas comunicaciones entre móviles y aparatos de radio cuyas líneas están a nombre de altos jefes de la policía federal y de la provincia de Buenos Aires, de quien fuera uno de los máximos jefes del servicios de inteligencia de ese entonces, y del entonces jefe del Ejército, César Milani, entre la madrugada y la noche del domingo en que apareció muerto Nisman.
«Estas comunicaciones, tal como sugiere la querella, requieren necesaria explicación ya que, hasta el presente, nada justifica que en un apacible domingo de enero haya existido tan inesperado movimiento en la madrugada entre personas vinculadas a las fuerzas de seguridad e inteligencia de nuestro país», indicaron en el fallo.
Al mismo tiempo afirmaron que tras un año de investigación «no ha podido responderse por qué Nisman debió recurrir a un tercero para proveerse de un arma, con la inquietud que ello podía despertar, cuando tenía una de idénticas características en la casa de su madre».
El arma desde la cual se ejecutó el disparo que mató a Nisman estaba a nombre de Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajaba para él y declaró ante la justicia que el fiscal se la pidió prestada porque temía por la seguridad de sus dos hijas, pese a que ambas estaban de viaje por Europa.
También mencionaron resaltaron el testimonio de la secretaria de Nisman, Soledad Castro, quien declaró ante Fein que el fiscal «contaba con mayores elementos de prueba no presentados en la denuncia (contra la ex presidenta Fernández) y guardados en discos externos que nunca aparecieron».
«El envío de esta causa a conocimiento del fuero de competencia limitada (federal) no requiere de otro argumento porque de ninguna manera se puede desvincular la función de Nisman con lo sucedido», concluyeron.
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