El último caso es de esta semana: la mayoría de la comisión del régimen económico y tributario insertó en el proyecto de ley sobre la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, una propuesta (ausente del texto original) que aniquilaría la reserva que los abogados están obligados a guardar sobre la información recibida de sus clientes, obligándolos a delatarlos so pena de cuantiosísimas sanciones de hasta más de cien mil dólares por cada “incumplimiento”.
El pretexto: las famosas compañías “off shore” en paraísos fiscales, a propósito de las cuales se pretende obligar a que los abogados entreguen bajo juramento al SRI un reporte de actividades sobre su “creación, uso y propiedad”, cuando tengan como “beneficiarios efectivos” a ecuatorianos, pese a que el sistema legal vigente tiene claras herramientas para, previa orden judicial, obtener la información respectiva cuando se juzga delitos o evasiones fiscales.
Es inocultable el esperpento. Primero, pisotearía el derecho al secreto de las comunicaciones entre cliente y abogado, que solo pueden ser reveladas con orden judicial (Constitución, art. 66, 21º). Segundo, empujaría a los abogados a cometer el delito de revelar información recibida en razón de su oficio (Código Integral Penal, art. 179). Y tercero -y peor- acabaría con el derecho a la defensa en juicio, pues se colocaría a los defensores en el dilema de enfrentar cuantiosas multas o cometer el delito de prevaricato consistente en revelar los secretos de su defendido (Código Integral Penal, art. 269).
Saca más filo, al canallesco puñal, lo poco probable de un veto al proyecto urgente. Solo queda el derecho a la resistencia. O que se lo derogue de inmediato. O esperar un año…