Dictadura constitucional

Las de la actualidad respetan la Constitución, pero concentran el mando en manos de un gobernante que directa o indirectamente controla todos los poderes del Estado. Entonces, a nadie sorprende que una asambleísta llegue a declarar que el principio de Montesquieu de separación de poderes es arcaico; cuando la mayoría de los politólogos lo consideran un requisito indispensable para que exista un Estado de Derecho. En un régimen equilibrado, se limita el poder mediante un sistema de pesos y contrapesos.

Una Constitución que, aunque elaborada a la medida, ya le quedó pequeña a un gobierno obeso que demanda más poder y menor rendición de cuentas. Se promulga legislación que va contra esa ley suprema, creando impuestos retroactivamente y discriminando a la ciudadanía. Se inician juicios que no respetan el derecho de propiedad, derecho a la intimidad, el debido proceso o el derecho a la defensa. En definitiva, los derechos constitucionales.

Simultáneamente los medios de comunicación denuncian actos ilegales cometidos por altos funcionarios públicos que no solamente no son procesados, sino que además, son juez y parte de sus propios casos.

Las autoridades se sorprenden que no venga la inversión o que la existente, salga disparada hacia otros países de Latinoamérica que compiten por atraerla. No ofrecemos seguridad jurídica. Nadie confía en la justicia ordinaria, aunque lo más problemático es el constante cambio de las reglas del juego para hacer negocios. Solamente en lo tributario hemos sido testigos de veintisiete reformas a leyes y veinticinco a reglamentos. Nadie puede elaborar un plan de negocios así. Para las empresas que operan en el país, largo plazo significa tres meses.

Los negocios y los empleos no se generan por decreto. Eso es ignorar cómo funciona el mundo. Los gobiernos tampoco pueden ser tramposos. Los países más exitosos son aquellos en los que los gobernantes tienen propuestas que ofrecen crecimiento económico, libertad individual, confianza y promueven el libre comercio. Las grandes perdedoras son las naciones que fomentan la envidia y una constante necesidad de despojar a los ciudadanos de su patrimonio, porque prefieren un Estado que gaste improductivamente los recursos públicos financiados con el esfuerzo de la sociedad civil. Las cifras y la historia así lo demuestran. Es hora de cambiar el modelo económico fracasado, por uno que ofrezca prosperidad y no limitaciones a ella. (O)

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