México (EFE).- El Gobierno mexicano negó hoy ejecuciones extrajudiciales en el operativo realizado el 22 de mayo de 2015 en un rancho del municipio de Tanhuato, en el oeste de México, al asegurar que hubo un «uso racional» de la fuerza por parte de la Policía Federal.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, aceptó las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero aseguró que en este caso no se configura «la hipótesis de ejecuciones arbitrarias» de 22 civiles, como sostiene esta institución.
«El uso de las armas fue necesario y se actuó, en nuestra consideración, en legítima defensa», afirmó Sales tras asegurar que los agentes se identificaron y exigieron a los civiles que estaban en el rancho que depusieran las armas y «la respuesta fue con disparos de arma de fuego».
Señaló que la CNDH recomendó a la CNS colaborar de forma total con la investigación que sobre los hechos realice la Procuraduría General de la República (fiscalía) con motivo de la denuncia del ente defensor de los derechos humanos.
«La recomendación emitida por la CNDH será aceptada con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que tienen que ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados», declaró.
Asimismo, destacó que la presencia de la Policía Federal en el rancho en cuestión fue motivada por la denuncia de una ciudadana «que reportó que más de 50 personas armadas invadieron su propiedad».
Enfatizó igualmente que «en este caso, como en otros en esa región, los elementos de la Policía Federal se habían visto inmersos en situaciones de extrema violencia en el marco del cumplimiento de su deber».
También mencionó la presunta presencia en el lugar de varios líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, involucrado en ataques a las fuerzas federales en la región occidental de México.
Por otro lado, Sales refirió que al llegar los policías federales al rancho el día de los hechos, civiles armados que se habían resguardado en una casa y una bodega «hicieron caso omiso de los llamados a deponer las armas y dispararon contra la autoridad».
«En esta acción un elemento de la Policía Federal de 25 años de edad y cinco de servicio fue impactado por un disparo de los agresores y perdió la vida», recordó.
Asimismo, añadió, «el helicóptero que llegó en apoyo recibió tres impactos de arma de fuego, además de que fue amagado con un lanzamisiles».
«La actuación de las fuerzas federales fue absolutamente racional ante un escenario hostil, con tiradores desde diversos puntos. No creemos pues que se configure la hipótesis de ejecuciones arbitrarias», declaró.
El funcionario también objetó el uso del término «ejecución» por parte de la CNDH, recordando que en México está absolutamente prohibida la pena de muerte, por lo que no hay ejecuciones judiciales ni extrajudiciales.
Finalmente, señaló que México carece de «un marco normativo adecuado a la realidad del país en materia del uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
Ello genera «posiciones encontradas, interpretaciones diversas, tanto entre los involucrados como en las resoluciones de los organismos defensores de los derechos humanos», dijo Sales, y exhortó al Congreso a legislar al respecto para que las autoridades que se vean obligadas a usar armas de fuego lo hagan «amparadas por una legislación racional». EFE (I)
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