El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Contraloría General del Estado tienen cinco pedidos de investigación sobre una supuesta infracción electoral y uso de recursos públicos en la transmisión de la convención de Alianza PAIS (AP) del pasado 1 de octubre, en la que se proclamó el binomio presidencial Lenin Moreno-Jorge Glas.
Ayer acudieron al CNE representantes de 16 grupos políticos de oposición que integran el Acuerdo por la Transparencia Electoral y el legislador Diego Salgado, de CREO.
Este último también acudió a la Contraloría a pedir que inicie un examen especial sobre el uso del aparato estatal para promoción electoral. Lo mismo hicieron delegados del movimiento Unidad Popular y del Observatorio Ciudadano Electoral.
En el documento de dos páginas, las organizaciones de oposición exigen al CNE que aplique la normativa electoral, que recopile las evidencias necesarias y que se apliquen las sanciones pertinentes porque, a su criterio, se cometió una infracción.
Santiago Guarderas (PSC) explicó que “en este caso específico, la infracción electoral podría haberla cometido Alianza PAIS, y en otra parte los medios de comunicación social que emitieron la señal para la transmisión de la convención del partido de Gobierno sin autorización del CNE”.
Dijo que también podría haberse fraguado la figura del uso de bienes y recursos del Estado para campaña electoral, prohibido en el artículo 115 de la Constitución. “Lo único que tiene que hacer el CNE es determinar si esa propaganda estuvo o no autorizada; y en caso de que se demuestre que hubo contratación desde AP, significa que los medios públicos Ecuador TV, Ciudadano TV, Gamatv y TC Mi Canal utilizaron bienes públicos”, afirmó.
Fabricio Villamar (Ahora) señaló que si existe una Contraloría debería emitir un criterio respecto de los “usos dolosos que se están haciendo” y reclamó que el CNE no da muestras de imparcialidad.
Algo similar dijo Juan Esteban Guarderas, vocero de la ID, pues recordó que en las anteriores elecciones hubo una sabatina a favor de los candidatos del Gobierno y el CNE no aplicó las sanciones.
Lourdes Tibán, de Pachakutik, advirtió que lo ocurrido el 1 de octubre pasado será la dinámica de la campaña electoral, pero que los partidos de oposición “no se quedarán escuchando los justificativos del Gobierno de que fue un acto voluntario de transmisión”.
UP pidió a la Contraloría un examen especial a la transmisión y difusión del “evento de carácter político-electoral”.
En tanto que el Observatorio solicitó al contralor que realice “las investigaciones pertinentes en los medios de comunicación pública involucrados, así como las actuaciones del CNE, TCE respecto de lo denunciado, y establezca responsabilidades administrativas, civiles y penales. (I)