Un grupo de expertos independientes en derechos humanos de la ONU criticó hoy «las medidas represivas» del Gobierno ecuatoriano para «asfixiar a la sociedad civil», tras una orden de cierre contra la ONG Acción Ecológica que apoya los derechos ambientales e indígenas.
Así lo transmitieron los relatores sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la situación de los defensores de derechos humanos; las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y los derechos de los pueblos indígenas.
Indican que el 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió en Ecuador una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales.
Dos días después, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución de la ONG, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.
«La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras», señalan los expertos de la ONU.
«El grupo de defensa, que apoyó a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el Gobierno» ecuatoriano, afirman los relatores.
El grupo de expertos independientes exhortó por ello a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.
Para ello renovaron su oferta de asistencia técnica al Gobierno.
Los relatores ya han criticado al Gobierno de Quito por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, e intentar también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos tres años.
«Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización», añadieron.
A su juicio, «es irónico que el mismo Gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas».
Los expertos pidieron al Gobierno del presidente Rafael Correa que garantice que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales. EFE (I)