El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ordenó hoy que se ejecute una penalidad de 262 millones de dólares establecida en el contrato firmado con el consorcio encargado de construir el Gasoducto Sur Peruano, que encabezó la brasileña Odebrecht, por incumplir con esa obra.
El consorcio a cargo del proyecto está formado por la brasileña Odebrecht, implicada en un gigantesco escándalo de corrupción internacional, la española Enagás y la peruana Graña y Montero.
«Siendo las 00:01 (de hoy) he ordenado se ejecute la penalidad de US$ 262 millones al consorcio del gasoducto del sur, liderado por Odebrecht», informó Kuczynski en un enlace en su cuenta en la red social de Twitter.
«Con eso hemos salvaguardado nuestros intereses, porque, de otra manera, los 262 (millones) Dios sabe dónde se iban a ir y nos íbamos a quedar sin nada. Con esto se podrá continuar la obra», señaló el presidente en posteriores declaraciones a la emisora RPP Noticias.
El gobernante enfatizó que cree «que a pesar de que sin duda habrá una demora, el Gasoducto del Sur es una realidad.»
«Vamos a forzar las marchas para tenerlo en el tiempo previsto», remarcó.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, anunció el lunes que el Gobierno de Perú había resuelto terminar la concesión debido a que el consorcio encargado no cumplió con demostrar que tiene la financiación necesaria para terminar la obra.
Tamayo comentó que «el consorcio no ha sido capaz de llevar adelante el gasoducto porque el sistema financiero no cree en ellos» y dijo que las normas del contrato establecen que el Gobierno tiene un plazo de un año para convocar a una nueva licitación.
El pasado viernes, el consorcio había anunciado que esperaba iniciar los trámites para devolver la concesión para la construcción del gasoducto al Gobierno de Perú tras no conseguir la financiación necesaria para concluir la obra.
El proyecto contempla una inversión de 7.328 millones de dólares para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.
El consorcio afirmó haber hecho «todos los esfuerzos posibles» para dar continuidad al proyecto, cuya construcción tenía un avance del 10,7 % en el montaje de las tuberías.
En Perú ya se encuentran el 62 % de los ductos que integrarán la instalación y existen veinte campamentos de obra construidos en las sureñas regiones de Cuzco y Arequipa para albergar a cerca de 4.000 trabajadores, además de diecinueve puntos de acopio de maquinarias y tuberías.
La brasileña Odebrecht es el socio mayoritario de la concesionaria, con el 55 % de las acciones, seguido de Enagás, que tiene el 25 %, y Graña y Montero, con el 20 %.
En medio del escándalo por los sobornos entregados a funcionarios peruanos, Odebrecht negoció el año pasado la venta de su participación en el Gasoducto con la energética estadounidense Sempra Energy, pero esta se retiró porque el Gobierno no quiso cambiar una cláusula anticorrupción del contrato.
En Perú, la empresa brasileña pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht y Enagás el 30 de junio de 2014 y el contrato fue suscrito el 23 de julio de ese año, durante el Gobierno de Humala. EFE