Según sus defensores, las leyes laborales que promulga son para proteger a los trabajadores, pero esa legislación ha arrasado con los empleos y la posibilidad de su crecimiento. Solamente en el año 2016, 243.816 personas quedaron sin empleo pleno o formal. Es irónico que el candidato oficialista ofrezca crear 250.000 empleos anuales, cuando el régimen hace lo contrario.
Los medios públicos incautados y los trolls dicen que el desempleo se mantiene en el 5.2%. Alegan que es la tasa de desempleo más baja de la región. Lo que no comentan es que esa tasa es baja porque casi todas la personas sin empleo pleno son categorizadas como subempleadas, no como desempleadas. Tampoco recuerdan que el desempleo en el año 2007 era del 5 %, lo que significa que hemos empeorado en esa materia.
En una rectificación solicitada por el INEC al diario El Universo, en su edición del 23 de enero, aducen que “si bien es cierto que una parte (de los habitantes) ingresó (al subempleo) del empleo pleno, la mayor proporción provino del crecimiento de la población económicamente activa (PEA) en 375.493 personas el año anterior”. La PEA es el grupo de la población que tiene capacidad para trabajar. La realidad es que la PEA con empleo adecuado pasó del 46.5, % en diciembre del 2015, al 41.2 %, en diciembre del 2016. Esta cifra es la segunda más baja de la última década. Lo cual significa que porcentualmente existen cada vez menos personas con empleo pleno dentro del conjunto de las personas que se encuentran en el mercado laboral.
El subempleo o empleo informal, se incrementó en 514.179 personas en el año 2016, convirtiéndose en la tasa de subempleo más alta de la última década: 19.9%. Es terrible empujar a las personas a la informalidad atacando al empleo pleno mediante legislación inequitativa. Pero más grave es la excesiva tramitología que mantiene en la informalidad a estos nuevos comerciantes por necesidad. Por ejemplo: no tienen acceso a créditos formales o a capital de riesgo o a pagar impuestos. Todos perdemos con los informales, porque son competencia desleal de los formales. Sería mejor simplificar los trámites.
El precio actual del petróleo no es un mal precio. Lo que sucede es que el socialismo del siglo XXI ha incrementado, por su ineficiencia, el costo de producción y ha fomentado el crecimiento de un Estado que gasta más de lo que le ingresa. Gobiernos del pasado subsistieron con precios inferiores, pero promovieron la competitividad y la productividad para que el sector privado genere tributos. Los socialistas se han dedicado a crear nuevas obligaciones tributarias y a incrementar el tamaño del Estado, mientras juegan a ser empresarios con compañías incautadas y públicas que pierden decenas de millones de dólares gracias a una nefasta administración de nuestro dinero.
Esa es la causa por la que la contabilidad nacional oculta cifras. Para que no podamos analizar los indicadores reales de la administración pública. Algo, que por decir lo menos, no es transparente. Un administrador debe rendir cuentas con veracidad. Lo contrario es doloso.
Todo esto ha presionado a que las empresas privadas funcionen con lo mínimo indispensable para sobrevivir, produciendo desempleo y una menor recaudación tributaria. Ya se liquidaron las compañías que no aplicaron esa fórmula. Vamos por el trágico camino de Venezuela y Cuba. La economía no soportaría cuatro años más del mismo modelo, peor si piensan radicalizarse para evitar responder ante la justicia por tanta presunta corrupción que la función judicial no indaga diligentemente. Mientras tanto, pareciera que los moradores de los cementerios, van a votar unánimemente por Lenin Moreno.