Esta vez lo hicieron al iniciar un proceso penal por calumnia en contra de los nueve miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, donde el Contralor Pólit solicitó indecorosamente dos años de prisión para personas de la tercera edad y de entereza moral incuestionable. Por supuesto, el daño a la honra del reelecto Contralor debía también ser reparado con la módica suma de $900.000 y, como es común en estos días, la juez le dio razón al Estado.
Desde el inicio de la audiencia –tras darse cuenta de que la embarraron procesando a personas de la talla de Doña Isabel Robalino de 99 años, primera Senadora del Ecuador y primera Concejal de Quito- el patrocinador de Carlos Pólit ofertó una conciliación a lo que la defensa contestó que la única conciliación posible era que el Contralor, quién no tuvo la valentía de asistir y ver a los ojos a quienes pretendía encarcelar, pidiera disculpas a los querellados. Sin duda, el abogado Pólit y la juez enfrentaron un pequeño problema técnico en medio del circo puesto que de acuerdo al artículo 437 del COIP “el desistimiento solo cabe si la o el acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso…”.
El proceso siguió y con ello vino la condena: un año de prisión, una indemnización equivalente un sueldo del Contralor ($5,510.oo) por cada uno de los nueve sentenciados, y pedir disculpas públicas. Quisiera reflexionar sobre este punto: la juez Karen Matamoros ordenó indemnizar económicamente al Contralor con aproximadamente cincuenta mil dólares, sin embargo, el Contralor se retractó de la querella y por ende renunció a la indemnización. Pero el circo fue costoso, el 7 de septiembre de 2016 Contraloría adjudicó el proceso especial de patrocinio jurídico RE-CGE-011-2016 al abogado Hernán Ulloa Parada, debiendo pagarse con dinero público, irónicamente proveniente de los impuestos que pagan también los querellados, sus honorarios de $21,929.82. Hasta aquí el balance económico es negativo.
Pólit Faggioni debe responder. Es un insulto malgastar dinero público en un proceso sin objeto pues no se declaró la responsabilidad penal de los querellados y, en este sentido, tampoco se estableció una “verdad procesal” ni obtuvo disculpas públicas. Tampoco tiene mucho sentido que Contraloría, con un ejército de abogados que el mismo Pólit lidera, se vea en la necesidad de contratar un abogado externo, peor en tiempos de crisis.
Retomando el esperpento jurídico, Pólit “animado” por un tuit de Lenín renunció a la acción legal luego de dictada la sentencia y la juez Karen Matamoros lo permitió, básicamente anuló la sentencia que ella misma había dictado minutos antes. Ello viola un principio sagrado de la judicatura, el de la inmutabilidad de la sentencia por el cual “pronunciada y notificada la sentencia, cesará la competencia de la o del juzgador respecto a la cuestión decidida y no la podrá modificar en parte alguna”. Pólit así lo solicitó invocando el artículo 416 del COIP que habla de la “remisión o renuncia libre y voluntaria de la víctima”, sin embargo, aquella norma debe leerse en conjunto al artículo 617 del mismo código que ordena que “en los casos de remisión” quien debe disponerla es un “Juez de Garantías penitenciarias” y Karen Matamoros ocupa el cargo de “Juez de Garantías Penales”. El balance jurídico también es negativo y la actuación de la juez Matamoros es un claro ejemplo de lo que nunca se debe hacer.
Pues bien, el balance económico, legal y político del circo son todos negativos. Tras diez años en el mismo cargo la honra del Contralor Pólit continúa en entredicho y difícilmente una sentencia, que al final es un papel mal redactado, le ayudará. De la misma manera, una sentencia tampoco afectará la reputación y probidad de quienes supieron enfrentar un juicio injusto con una sonrisa y que salen hoy más fortalecidos que nunca como la Comisión Nacional Anticorrupción a la que el gobierno no se atrevió a encarcelar. Una vez más, han encontrado la forma de hacer el ridículo.