Caracas (EFE).- En los primeros 30 minutos de sesión, la recién instalada Asamblea Constituyente de Venezuela sacudió las bases del Estado con su poder casi ilimitado, echó raíces duplicando el periodo para el que fue electa, reformó el órgano más crítico al Gobierno y enfiló sus municiones para buscar «justicia».
Aún no se conocen los detalles de los resultados de la cuestionada elección de los miembros de la Cámara plenipotenciaria -sobre la que aún pesan señalamientos de fraude-, y ya los asambleístas han comenzado a cumplir sus más severos compromisos de campaña con los que prometieron la profundización de la Revolución Bolivariana.
En su primera sesión y por unanimidad los más de 500 representantes resolvieron que aunque fueron electos para funcionar por un año con facultades por encima de cualquier otro poder público, sería necesario extender su permanencia hasta dos años.
Esto convierte a esta en la Asamblea Nacional Constituyente más numerosa y prolongada que haya tenido el país caribeño, superando a la de 1999 corredactora de la Constitución vigente que funcionó por casi un año.
Acto seguido, destituyeron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta hoy la más alta funcionaria en funciones adversa al Gobierno de Nicolás Maduro, y aprobaron la revisión de cada uno de los funcionarios que formaron parte de su administración, una decisión que podría frenar la embestida que ese despacho había iniciado contra los funcionarios gubernamentales.
En su lugar han puesto al chavista Tarek William Saab, que ocupaba la titularidad de la Defensoría del Pueblo, y que había sido uno de los principales testigos del proceso judicial que llevó a la destitución de Ortega Díaz.
Y en relevo de Saab se designó a Alfredo Ruiz, un funcionario del equipo del recién designado fiscal.
En esa primera media hora, también se decidió la conformación de una Comisión de la Verdad, para investigar los hechos de violencia «política» ocurridos durante los últimos años, y del que los oficialistas siempre han señalado a la oposición venezolana.
La primera sesión de los constituyentes, todos afectos al oficialismo y bajo la batuta de exmiembros del gabinete de Maduro, supone una nueva relación de poder con los demás factores políticos del país, principalmente con la oposición a la que hasta hace una semana Maduro les pedía aceptar un diálogo.
Desde ahora, solo la Asamblea Nacional controlada por los opositores, es el único poder público crítico a la gestión gubernamental, aunque la eficacia de sus decisiones son nulas ya que se mantiene en desacato, e incluso la propia sede del legislativo está desde hoy bajo el mando de la Constituyente.
Los constituyentes han decidido no dar tregua al tiempo y han convocado de nuevo para mañana a su segunda sesión para instalar la Comisión de la Verdad que tendrá «amplias facultades plenipotenciarias», y las recomendaciones que de ella se emanen «serán vinculantes para las decisiones de las distintas ramas del poder público».
La principal motivación de los oficialistas para crear este cuerpo de trabajo es la «inacción» de la que acusaron a Ortega Díaz mientras estuvo al frente de la Fiscalía contra las víctimas partidarias del Gobierno en las manifestaciones registradas en los últimos meses, que no se equiparó con su vehemente defensa a los opositores.
No obstante, estas no son las más importantes promesas de Maduro para invocar la Constituyente ni de la campaña de los candidatos, que además prometieron que podrían poner fin a la grave crisis económica que determina los problemas de escasez en Venezuela, y la inflación que este año podría superar los tres dígitos.
Promesa similar hicieron los opositores cuando arrasaron en las elecciones del Parlamento, pero que entrampados en una crisis institucional, bloqueados por el Supremo, y en constante confrontación con el Ejecutivo, nunca materializaron. EFE (I)
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