Los orígenes de Gente Oil Development Ecuador Llc. y de Gente Oil Ecuador Pte., empresas que se beneficiaron de un contrato de servicios para el Campo Singue (Sucumbíos) se pueden rastrear desde el paraíso fiscal de Delaware (EE.UU.), pasando por el emirato de Catar en Oriente Medio y hasta Singapur en Asia.
Pero no es posible saber la identidad de sus accionistas o beneficiarios finales, esos datos no constan en el portal de la Superintendencia de Compañías.
Estas empresas, que en la práctica son la misma, se encuentran ahora en la polémica, luego de que la Contraloría publicara un informe con indicios de responsabilidad penal en contra de 21 ejecutivos, entre públicos y privados por un “potencial peculado”, informó el fiscal general Carlos Baca, que abrió indagación en este caso.
Entre los investigados por la contratación del 2012 están Jorge Glas, entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente; el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor, y actual representante ante la OPEP, el exviceministro Carlos Pareja Yannuzzelli (prófugo de la justicia), servidores de la Secretaría de Hidrocarburos y la actual apoderada de Gente Oil Ecuador PTE, Silvana Pástor, hija del exministro.
Gente Oil Development Ecuador, creada bajo las leyes de Delaware en enero del 2012, paraíso fiscal de EE.UU., registra domicilio en Al Fardan Office Tower, West Bay, piso 25, en Doha, capital de Catar.
Su director ejecutivo era David R. Martin, que participó en 2008 como representante de la canadiense Ivanhoe, en la explotación de Pungarayacu, que se declaró no viable. El primer representante legal es Iseldin D. El-Saigh, de origen iraquí. Como gerente, El-Saigh emitió los poderes desde la Embajada de Ecuador en Catar para nombrar a los primeros apoderados de la empresa: Mario Rafael Larrea Andrade y Carlos Aníbal Espinoza Sánchez.
Sin experiencia previa en el Ecuador y creada tres meses antes de obtener el contrato (como parte del Consorcio DGC, en el que intervenía Dygoil) se hizo del bloque Singue a través de un proceso que ha sido observado por la Contraloría y que habría causado al menos unos $ 5,2 millones de perjuicio al Estado, por haber pagado en demasía la tarifa petrolera establecida de $ 33,05.
Cinco meses después del contrato, Dygoil se retiraba y transfería sus acciones del 60 %. Así queda a cargo del 100% la misma empresa, pero con una variable en su nombre: Gente Oil Ecuador Pte., ahora con sede en Singapur. Esta última, creada por las mismas personas y con los mismos apoderados. En la segunda, en el año 2014, Silvana Pástor Tapia aparece como apoderada general.
Entre las observaciones a la contratación está que Wilson Pástor fue quien suscribió el contrato en favor de la empresa que solo 14 días después empleó a su hija Silvana Pástor Tapia como directora financiera de Gente Oil Development Ecuador. Tras la salida de Dygoil, Gente Oil Ecuador que según la Contraloría fue constituida en marzo del 2012, pero que en la Superintendencia tiene fecha de registro en 2013, quedó a cargo. Según Contraloría, Silvana Pástor fue beneficiaria original de Singue y luego sucesora de los derechos de explotación.
Gente Oil respondió en un comunicado enviado a Diario El Universo, que el país ha recibido $ 298 millones provenientes de venta de crudo, $ 13,7 millones por impuesto a la renta y $ 8,3 millones de utilidades correspondientes al 12% que por ley va al fisco, entre otros rubros. No menciona el número de barriles extraídos. Destacó que la inversión comprometida fue de $ 27,8 millones, pero a su propio costo y riesgo invirtió $ 121 millones, es decir, un 434% más.
Aclaró que al momento el Estado le adeuda $ 35 millones, sin que exista solución de pago.
Sobre Pástor Tapia, dijo que cuando se dio la adjudicación, ella no era parte de la empresa. En efecto, el informe de Contraloría señaló que fue contratada dos semanas después.
Observaciones
Una falla en el cálculo de las reservas hizo, según la Contraloría, que lograran producir en tres años un 224,7 % más de lo previsto en 20 años. El organismo considera que no se cumplió con los requisitos necesarios para adjudicar el contrato, que la empresa no demostró la capacidad operativa; además no hubo una prolija negociación de la tarifa y el mapa de bloques no estaba vigente a la hora de dicha adjudicación. (I)
- Fuente: Diario El Universo.