El gobierno de Lenín Moreno ha hecho quiebres profundos con respecto a su antecesor, el desmarcarse de los elementos más evidentemente corruptos del gobierno pasado, el acercamiento con el movimiento indígena, la tregua a la que se llegó con los medios de comunicación, así como el sentarse a dialogar con todas las fuerzas políticas muestran un desmarque importante, y sorpresivo para muchos, del gobierno de Rafael Correa.
Este desmarque ha sido menos notorio, más tibio si queremos, en materia económica. En parte porque se mantuvieron a varios elementos del equipo económico del gobierno pasado, en parte por el hueco fiscal heredado y en parte por la camisa de fuerza de Alianza País. Después de varios meses de mandato y luego del anunciado plan económico podemos empezar a analizar qué tan lejos está Moreno de Correa.
Empecemos por el manejo fiscal, Moreno ha sido claro en denunciar que no recibió la «mesa servida» como argumentaba Correa y que el país requiere de ajustes profundos si quiere volver a crecer a niveles que reduzcan pobreza y creen empleo. El reconocimiento de un problema es el inicio de su solución. El gobierno de Moreno ha planteado varias medidas de austeridad: desaparición de ciertas entidades, reducción de salarios en los niveles más altos, supresión de puestos vacantes en el gobierno central y empresas públicas, mayor control a gastos como viajes, uso de autos públicos, horas extras, contratación de consultorías, etc. Estas medidas son necesarias y positivas, pero insuficientes para reducir en alrededor de $1,000 millones anuales el déficit, como el ministro De la Torre ha manifestado. El resto del ajuste debería venir en teoría de la reducción de inversión pública, al pasar varios de los proyectos a manos privadas a través de concesiones, alianzas público privadas, etc. Estos anuncios, si quieren ser creíbles, deben materializarse en la presentación del presupuesto del 2018 y la programación presupuestarias para los siguientes 3 años.
En el manejo del sector externo vemos la ambigüedad del gobierno de Moreno, por un lado se ha nombrado un ministro de Comercio Exterior que se muestra muy activo en negociar nuevos acuerdos comerciales y promover la inversión extranjera, y por el otro se anuncia el incremento de aranceles para un grupo de productos de consumo. Este «nuevo» modelo se parece mucho al de Correa que buscaba reducir la importación de bienes que consideraba suntuarios para así evitar tener déficit comercial. Es cierto que en dolarización los déficit comerciales son peligrosos, pero la solución a largo plazo pasa por exportar más y no importar menos, buena parte de las importaciones de Ecuador son materias primas y bienes de capital necesario para producir o bienes de consumo que no se producen localmente.
El gobierno de Moreno plantea beneficios a los exportadores: menor pago de impuesto a la renta y devolución de impuestos como el IVA o el de la salida de divisas, ambas son medidas positivas que sumadas a la apertura de nuevos mercados debería contribuir al crecimiento de las exportaciones. El incremento notable de exportaciones a la Unión Europea (+17% hasta Septiembre) muestra el grave error que cometió Correa al haber postergado la firma del acuerdo; si este se hubiera firmado al mismo tiempo que Colombia y Perú lo hicieron quizás no habría sido necesario implantar las salvaguardias entre 2015 y 2017 o podían haber sido menos draconianas, y seguramente Ecuador ya habría firmado más acuerdos con otros países.
El otro aspecto donde todavía no se ve un cambio considerable con respecto al gobierno de Correa es en el manejo de activos públicos. Aunque se anunció la venta de propiedades en manos del gobierno, lo que es correcto dado el gasto que significa para el estado mantener bienes improductivos, parece insuficiente. El estado ecuatoriano cuenta con una enorme cantidad de activos: infraestructura, empresas públicas, bienes raíces, entre otros que si se gestionan de manera más eficiente podrían generar una cantidad significativa de recursos para el estado. La solución no necesariamente debe ser su privatización, sino un manejo más profesional de los activos, como se está haciendo en varios países con la formación de fondos que los gestionan de manera profesional y afuera de las manos de los políticos de turno.
Como mencioné antes la tibieza en los cambios de política económica tienen mucho que ver con la situación en la que Moreno heredó el país, es difícil hacer una reducción drástica de impuestos cuando heredas un déficit cercano al 5% del PIB. Parte de las medidas propuestas por el sector privado implicaban reducción de ingresos para el estado que en este momento no puede afrontar. El anuncio de que esta será la única reforma fiscal del periodo presidencial es un gran avance comparado con los constantes cambios del gobierno anterior; sin embargo creo que el gobierno podría haber sido más activo en su búsqueda por distanciarse del manejo económico de los últimos diez años al mismo tiempo que intenta equilibrar las cuentas fiscales. Una eliminación para todos del anticipo del impuesto a la renta o el planteamiento de la reducción del impuesto a la salida de divisas de manera gradual a lo largo de los cuatro años de su presidencia se podrían haber incluido.
De cara al largo plazo Ecuador necesita profesionalizar el manejo económico para evitar que quien llegue al poder pueda tomar malas decisiones sin ningún tipo de control. Crear un fondo de contingencias para desastres naturales, profesionalizar la gestión de los activos públicos y alejarla de intereses políticos, crear un organismo independiente y autónomo que audite las cuentas públicas y emita recomendación de obligado cumplimiento como existen en varios países desarrollados, son todas herramientas que ayudarían al país a evitar los bandazos de gastarlo todo en época de vacas gordas y tener que endeudarnos en época de vacas flacas. Un buen manejo económico es un bien público, como la calidad del aire, y no debe responder a intereses partidistas o al cortoplacismo de un gobierno.