Aquellos pasaron así a ser también accionistas y quedaron debiendo una parte del precio, que les fue financiada. No huelga agregar que la administración de esas compañías siguió a cargo de funcionarios dependientes del Ejecutivo.
Resulta que ahora el nuevo régimen denuncia las cuantiosas pérdidas que se han producido en las empresas incautadas. Eso, más allá de las responsabilidades que habrá que exigir a los culpables, impide que los trabajadores reciban los dividendos con los que podían pagar el saldo del precio de las acciones. Lo peor es que eso se produce por causa de administración de funcionarios nombrados por el propio vendedor y financista de las acciones (el Estado).
Por si lo anterior no bastase, resulta ahora que ese mismo Estado, pésimo administrador de empresas públicas con cuantiosas pérdidas, tiene la desfachatez de querer cobrar además, a todos sus accionistas, incluyendo a los trabajadores, las deudas que aquellas tengan por impuestos. Semejante barbaridad consta en el artículo 4, 1º, b) del proyecto de ley enviado a la Asamblea la semana pasada por el Ejecutivo, el cual, de quedar aprobado, generaría, albarda sobre albarda, una nueva metida de mano al bolsillo de los trabajadores, gravemente perjudicados ya por la incuria de funcionarios al menos altamente incompetentes.
No tengo elementos para indicar quién es el ideólogo de la patochada. Pero sí me queda muy pero muy claro que debe ser pequeñito, memo de memez inmarcesible. Y es que resulta al menos sorprendente que, en lugar de que se recuerde a la administración pública algo tan simple como que, según la ley vigente, a los socios de una compañía no se les puede cobrar las deudas de esta, salvo si ha sido usada como pantalla para defraudar, salgan ahora con tamaña salvajada que agravaría la situación de accionistas minoritarios, que no administran siquiera.
¡Linda manera de promover la inversión en el paisito!