Luego de que la implacable labor de su abogado Juan Vizueta lograra que sea declarado inocente de un triple crimen en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, la justicia en tiempos del ex presidente Rafael Correa se encargó de que volviera a ser juzgado por la misma acusación y encontrado culpable de una atrocidad cuyo proceso solo demostró una serie de inconsistencias que hasta hoy tendría a los verdaderos asesinos libres, y a Galo Lara y a su pareja Carolina Llanos en prisión.
Para la memoria histórica de uno de los abusos más execrables que ha trascendido al correísmo, este caso de persecución política y violaciones de los derechos humanos está relatado en el libro “El Precio de Fiscalizar al Correísmo. Galo Lara: Crónica de una persecución”, presentado recientemente por el doctor Juan Vizueta.
Así como fue pública la indignación del ex presidente Rafael Correa contra Galo Lara, quien hiciera más de 40 denuncias documentadas sobre actos de corrupción de su gobierno desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el misterio se mantiene en descubrir cuál de ellas se convirtió en la denuncia imperdonable. ¿Acaso fue la difusión de dos cuentas en el Beremberg Bank? ¿O sus tempranas alertas de sobreprecios en las negociaciones de Petroecuador y en las carreteras de la revolución ciudadana? ¿Fue por el desvío de gastos reservados de la SENAIN? ¿O pudo ser por pedir al Fiscal investigar a Pierina Correa en el caso “narcovalija”?
Del caso del triple crimen de Quinsaloma existen testimonios, similitudes y relaciones con otro crimen ocurrido anteriormente en la misma localidad, que la fiscalía prefirió ignorar. Sin embargo, para impulsar la causa contra Galo Lara y Carolina Llanos se escucharon testimonios cuestionados como el de Alex Vicente Cedeño, preso por asesinato y liberado para declarar contra el enemigo “personal” de Rafael Correa.
Igual sucede con las declaraciones de José Véliz Sánchez, sentenciado como autor material y quien en enero del 2012 “denunció que fue presionado en la cárcel 4 por personas que se identificaron como agentes del Estado para que culpe a Carolina Llanos de haber pagado para que asesinaran a Carlos Llanos, quien murió el pasado 4 de agosto en el recinto Balserío, del cantón Quinsaloma, junto con su esposa, Silvia Parco, y un hijo de 3 años.” (El Universo, 15 de febrero, 2012). En otras declaraciones Véliz reiteró que no conocía a Carolina Llanos y que fue forzado a inculparla en un vídeo como autora intelectual; y que para tal efecto le fueron entregadas unas prendas de vestir y dinero en efectivo, que resultaron ser nada menos que evidencias que estaban bajo cadena de custodia policial.
Se presentaron ante la justicia pruebas como un celular entregado por Galo Lara a Carolina Llanos, activado el 19 de agosto del 2011, cuando el triple crimen ocurrió el 4 de agosto del 2011; o el dinero que la Fiscalía adujo que fue enviado por Galo Lara a Carolina Llanos para pagar a los sicarios y que se probó que fue destinado al pago de la maternidad. La llamada que habría sido realizada por Carolina Llanos para ordenar el triple crimen nunca fue realizada, de acuerdo al informe de la operadora telefónica.
El ensañamiento atroz del sistema judicial y carcelario contra Carolina Llanos, quien habría estado dando a luz en Guayaquil al momento de los crímenes en Quinsaloma, no tiene parangón. A más de acabar con su reputación y de la imputación de un crimen horrendo, ha sufrido terribles abusos en la cárcel, desde una golpiza hasta el aborto, hechos de los cuales existe la correspondiente documentación que detalla con nombres y apellidos a los responsables de una serie de negligencias. Luego de sufrir de falta de atención ante una pérdida por encontrarse nuevamente embarazada, Carolina Llanos fue tardíamente trasladada al hospital y el 18 de marzo del 2012 donde tuvo un aborto incompleto, un legrado uterino y la extracción de su vesícula por lo cual se le dispuso en la clínica un reposo de 30 días. Sin embargo, dos días después, el entonces Ministro del Interior habría dispuesto su traslado al Centro de Detención de Los Ríos. Carolina Llanos cumple una condena de 20 años, dictada en tiempos del Fiscal Galo Chiriboga.
Tras bastidores de la persecución a Galo Lara ejecutada por la maquinaria correísta en Panamá hay mucho qué contar, como la campaña mediática en su contra emprendida por Cancillería en territorio panameño para influir en su extradición, y hacia donde viajaron varias veces las comitivas del aparato correísta en el avión presidencial, empeñados en llevarlo como trofeo para su jefe.
La confesa «metida de mano» en la Justicia de Rafael Correa llegó hasta los corredores de las instituciones en Panamá, adonde Galo Lara había obtenido el asilo político del entonces presidente Ricardo Martinelli, y que fue retirado por el actual presidente Juan Carlos Varela a cambio del barco de bandera panameña “Doria”, aprehendido en Ecuador y utilizado como moneda de cambio por nuestra diplomacia encabezada entonces por Ricardo Patiño.
El ex Embajador panameño ante la OEA, Guillermo Cochez, quien iniciara una defensa internacional por el caso de Galo Lara que devendría en el primer asilo político revocado en la historia de Panamá, escribió para el diario El País, de España: “Se llegó a decir que el Gobierno ecuatoriano “invirtió” más de seis millones de dólares para lograr la anulación del asilo, allanándose el camino para su deseada extradición. No hay duda que para Rafael Correa esta extradición es un triunfo personal. Durante meses ha estado haciendo declaraciones que reflejan interés persecutorio contra Lara”.
Cochez afirma que debido a que el gobierno de Rafael Correa violó inmediatamente las condiciones bajo las cuales Panamá había accedido a la extradición de Lara, como su aislamiento en la cárcel, el impedimento del acceso a sus abogados, y el irrespeto a sus derechos humanos, fue emitida y admitida una solicitud ante el Comité Contra La Tortura de la ONU.
En tiempos tan difíciles para Galo Lara, los ex presidentes ecuatorianos Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez tuvieron la humanidad de dar en Panamá sus testimonios a favor del opositor perseguido. Y el ex presidente Osvaldo Hurtado opinó en diciembre del 2014 que considera a Galo Lara inocente y un preso político.
Galo Lara subsiste en la cárcel gracias a su profunda fe en Dios y a su convicción en que sus denuncias sobre la corrupción correísta se confirmarían un día. Está siendo sometido a un régimen alimenticio que es un veneno lento para un paciente diabético, y sus derechos humanos siguen siendo violentados. Galo Lara ya pasó de ser un perseguido político de Rafael Correa: Ahora la posta la tiene Lenín Moreno.