“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos, de acuerdo al anexo 3?” reza la pregunta tres del referéndum en el que votaremos el próximo cuatro de febrero.
Al responder “sí”, permitirá la destitución de los miembros del actual CPCCS y que la función ejecutiva tenga injerencia directa en la integración del Consejo de Participación Ciudadana, porque los siete consejeros que lo integran serán elegidos por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Ejecutivo.
Entre los deberes y atribuciones del CPCCS están los de designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Presidente de la República. Designar la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura. Es decir, no es pelo de rana. Todos los entes de control serían dominados nuevamente por el poder ejecutivo. Ya no por los verde flex, sino por los verde moreno.
El CPCCS transitorio evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo de seis meses, pudiendo declarar la terminación anticipada de sus periodos, procediendo inmediatamente a la convocatoria de los respectivos procesos de selección.
Actualmente, los consejeros del CPCCS son supuestamente postulados por organizaciones sociales y la ciudadanía. Los candidatos propuestos son seleccionados en procesos de oposición y méritos organizados por el Consejo Nacional Electoral.
El Consejo elegido, según el referéndum, será transitorio y pareciera que ejercerán sus funciones hasta las elecciones de febrero del 2019, momento en el que se deberá elegir a un nuevo Consejo, vía sufragio universal directo y secreto. Sin embargo, eso no podrá ocurrir, porque ese postulado implica una reforma electoral.
Me explico: existe un candado en la Constitución y en el Código de la Democracia, que prohíbe hacer reformas en materia electoral que entren vigencia durante el año anterior a la fecha de elección que se va a normar y este es justamente el caso. Por lo tanto, la elección de los consejeros del nuevo CPCCS no podría hacerse en febrero del 2019, sino en la siguiente elección popular que coincida con la elección de autoridades de gobiernos autónomos descentralizados. Eso ocurrirá en el año 2023, por lo que el CPCCS Transitorio estará en funciones hasta ese año, no hasta el 2019, como el electorado presume.
De allí la importancia de que el Presidente de la República conforme ternas con nombres que sugieran los gremios, la academia y los medios de comunicación. El Presidente se comprometió a aquello durante la entrevista del 21 de enero con Estéfani Espín, Janet Hinostroza y Eduardo Khalifé.
Sin embargo, el primer mandatario ya nos ofreció pistas sobre el futuro, al declarar que las elecciones presidenciales las ganó el movimiento Alianza País. Y la Canciller demostró, en el caso Julian Assange, que la forma de actuar es parecida a la del gobierno anterior. En ese orden de cosas, esta pregunta del referéndum podría ser una repetición del fingido ejercicio del dialogo público-privado del Consejo Consultivo Productivo.
El Presidente necesita esta pregunta del referéndum para juzgar la corrupción del ala correísta, desde donde emana un tufo de graves indicios de cometimiento de delitos contra la administración pública, que no están siendo sancionados e impiden la gobernabilidad.
Por otro lado, si actuamos en base a principios, la pregunta tres del referéndum debió haber sido sobre la eliminación de la Función de Transparencia y Control Social, que es un invento heredado del socialismo del siglo XXI venezolano para que el Ejecutivo controle todo y no existan contrapesos.