Celi ratifica que informe 30-S no existe en Contraloría

QUITO-ECUADOR (28/02/2018). Rendición de cuentas 2017 de la Contraloría General del Estado. FOTOS API/CRISTINA VEGA.

El contralor Pablo Celi durante la presentación de su informe sobre ‘Rendición de cuentas 2017’, ratifico que el documento de auditoría a Gastos Especiales de la Comisión del 30-S no existe. Esos papeles “no constan en ningún nivel de archivo, documentación de la Contraloría General del Estado».

Según Celi, no conoce «esos documentos, no conozco ni su contenido, ni su forma, ni su procedencia; yo no me puedo pronunciar sobre cosas que desconozco”.

Dicho documento fue entregado por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a la fiscal subrogante Thania Moreno. Ese informe se refiere a los gastos de la Comisión del 30S, y que la integró el actual fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.

Según Serrano, ese informe tendría supuestos indicios contra Baca.

Celi dijo este miércoles que solicitó formalmente por vía legal a Moreno, que le informe la procedencia de dicho documento, «pues que de existir situaciones de orden ilegal o que puedan configurar delitos contra el Estado, estos sean adecuadamente judicializados».

Explicó que se hizo una búsqueda al interior de la institución de esos informes, sin resultados, y que la auditoría a los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), por supuestos pagos indebidos, está en proceso.

También informó sobre un nuevo examen especial.

El oficio dirigido a Moreno señala que, «con fundamento en las competencias constitucionales y legales que asignan al Contralor General del Estado el control de la utilización de los recursos públicos, entre ellos, los de gastos especiales, inicié un examen especial a los procesos y procedimientos de rendición de cuentas por parte de la Secretaría Nacional de Inteligencia, y su juzgamiento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017».

Celi indicó que está próximo a emitir el informe final de la auditoría a la deuda pública, que se encuentra en fase de notificación a funcionarios responsables y analizando temas de levantamiento de información reservada. Además, dijo, están en proceso otras 297 auditorías. (I)

  • Con información de El Telégrafo y El Comercio

 

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