La sociedad ecuatoriana necesitará de años de perseverante trabajo para revertir la pendiente por la que nos veníamos deslizando. Lamentablemente, nuestras élites económicas y políticas, salvo contadas excepciones, no se han caracterizado precisamente por su perseverancia y dedicación en la construcción de un gran país, por encima de sus intereses particulares. Si los ecuatorianos no reaccionamos, la tragedia que hoy vive Venezuela bien podría ser nuestra próxima parada.
Uno de los mecanismos más efectivos que utilizó el exdictador para convertir al Ecuador en su hacienda y, según organismos internacionales, en uno de los países más corruptos del planeta, fue su asalto a las instituciones que debían ejercer un control sobre sus acciones. Controlando a quienes debían controlarlo, el dictador terminó controlando al país y saqueando al Estado. Otra habría sido nuestra historia si durante la pasada década las instituciones y organismos llamados a frenar los abusos del poder habrían actuado conforme a derecho, y no según los caprichos del capo di tutti capi y de su pandilla delictiva.
La Corte Constitucional, la Fiscalía General, la Contraloría, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, para solo nombrar a algunas de estas instituciones, terminaron traicionando a los ecuatorianos al convertirse en simples conserjes del exdictador y su banda. A ello contribuyó, sin duda, la fórmula de seleccionar a sus titulares: en base a concursos, puntajes, carpetas, exámenes, todo ello para darle a esta farsa un manto de transparencia. Fue un sistema único en el mundo para elegir a altos funcionarios del Estado, y que estaba llamado a premiar la mediocridad y corrupción. Tanto es así que el excontralor obtuvo el máximo puntaje, un asesor del exdictador y devoto admirador suyo, terminó de fiscal general; y, más de una de sus exsecretarias fungen de magistradas.
Es dentro de esta profunda crisis que debe entenderse el mandato ciudadano que recibió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. Dicho organismo, por su rango institucional, por su transitoriedad, por la crisis que está llamado a enfrentar, y, sobre todo, por su origen constituyente, no puede ser considerado como un simple organismo del aparato estatal. Su posición es constitucionalmente singular, única diríamos. No solo que nació del poder constituyente expresado en la pasada consulta popular, sino que además tiene una misión extraordinaria, fuera, y al margen, de la normalidad constitucional; misión que, siendo efímera en el tiempo –y, paradójicamente, de allí su fortaleza–, es de enorme importancia para consolidar el Estado de derecho.
El nuevo Consejo de Participación no puede convertirse en un órgano más de entre aquellos ya constituidos; y menos puede someterse al andamiaje jurídico que el exdictador dejó establecido, y que tuvo como resultado asegurar su impunidad. Eso sería volver a cero