El reciente asesinato de un equipo periodístico del diario El Comercio a manos de disidentes de la FARC, y el hermetismo del Gobierno sobre éste y otro caso de secuestro, ha avivado el debate en Ecuador sobre la capacidad de los periodistas de realizar su trabajo con libertad y seguridad.
En momentos en los que todas las luces rojas se han encendido en el país por la que es la primera muerte de periodistas que se recuerde en esas circunstancias, el luto se entremezcla con la demandas para que el Gobierno garantice su seguridad y cumpla además la promesa de enmendar una polémica Ley de Comunicación del anterior presidente, Rafael Correa (2007-2017).
«Este secuestro y asesinato ha traumatizado al gremio periodístico. Es la primera vez que tenemos un caso de esta naturaleza y, por lo tanto es notorio que los ánimos han cambiado», dijo a EFE César Ricaurte, presidente de la ong Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios).
En conversación desde Miami, donde el miércoles participó en un foro sobre libertad de prensa en el área latinoamericana, subrayó que su ong le ha pedido al Gobierno de Lenín Moreno que se forme «una mesa de coordinación para discutir políticas públicas de seguridad para el periodismo», porque «no podemos seguir en este estado de indefensión».
Si bien, aseguró que sigue viendo «una voluntad de muchos periodistas de seguir trabajando, informando, e incluso haciendo las investigaciones que hacía el equipo periodístico del diario El Comercio«, formado por Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.
Los tres fueron secuestrados a finales de marzo cuando se hallaban en la frontera con Colombia para cubrir el deterioro de la seguridad en la zona, a raíz de una cadena de atentados con bomba contra objetivos militares que comenzó en enero.
Del secuestro se responsabilizó un autodenominado frente Oliver Sinisterra encabezado por el disidente de las FARC alias «Guacho», y en medio de una persistente «rumorología» y teorías conspiratorias, a él atribuyó el Gobierno ecuatoriano su posterior asesinato.
Frente a las críticas internas, Moreno alegó que trató de negociar un demandado canje por militantes encarcelados en Ecuador -según lo exigía el Guacho-, pero que no hubo la misma buena voluntad de parte de los secuestradores.
«Este capítulo no se cierra pues aún existen preguntas y circunstancias que las autoridades no han sido capaces de responder ni aclarar», denunciaron los familiares de las tres víctimas al cumplirse un mes de su secuestro.
Ricaurte advirtió en el foro de Miami que «los Estados son los primeros responsables de la seguridad de los periodistas» y en una queja generalizada sobre la región aseguró que «están fallando».
De una forma o de otra, la realidad es que poco o casi nada se conoce de las circunstancias de ese caso y del más reciente secuestro de una pareja, sucesos ambos que propiciaron las dimisiones, el último viernes, de los ministros de Interior y de Defensa.
También es una realidad que dos cantones del norte del país están bajo completo régimen de excepción y que, en esas circunstancias, el Gobierno controla la mayoría de la información que allí se genera, no rompiendo su hermetismo ni cuando es instado a ello por consultas de los periodistas.
Un efecto secundario de esta ola de violencia en la frontera con Colombia ha sido el desplazamiento de la agenda política de una enmienda a la polémica Ley de Comunicación que permitió al expresidente Correa hostigar a periodistas y medios opositores durante años.
Hoy, con motivo del Día de la Libertad de Prensa, Moreno se ha vuelto a comprometer a hacer los cambios necesarios hasta que la Ley se atenga a los «estándares internacionales», y reconoció que durante la pasada década se vulneró «expresamente» en Ecuador el derecho a la libertad de prensa.
Afirmó que su país pasará «de un estado regulador de contenidos y sancionador de las expresiones libres, a otro que garantice el ejercicio del derecho a la comunicación, que es sin duda alguna la piedra angular de la democracia».
Pero a la vez que instó a «una prensa independiente y además pluralista», consideró que «la libertad es más bien una responsabilidad» y pidió a los periodistas trabajar «sin vulnerar la honra y los derechos de los demás».
Pronunciamientos que para Ricaurte no son «suficientes» porque «más allá de haber bajado las tensiones» durante su primer año de Gobierno, lo cual «agradece», hasta el momento dice no ver «ninguna acción» concreta para reformar la Ley de comunicación. EFE