En ese caso, el arzobispo Bernard Law sabía lo que estaba sucediendo y nunca tomó acciones al respecto. A pesar de haber estado en el centro del escándalo, fue nombrado arcipreste de una de las cuatro basílicas más importantes de Roma y en diciembre de 2017 tuvo funerales cardinales en el Vaticano bajo la indignación de las víctimas y familiares. Los encubridores mueren con honores y las víctimas en el olvido y la vergüenza.
Un caso similar ocurrió con el fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel. El auge de las denuncias por abuso sexual por parte de este cura se dieron en 1997. Solo en 2006, tras muchas denuncias, insistencia de parte de las víctimas y el descubrimiento de que el sacerdote tenía una familia, Maciel es separado del sacerdocio. Este caso es de tal relevancia para los expertos en esta materia que incluso hay quienes han expresado que esto debería haber sido razón suficiente para frenar la canonización de Juan Pablo II.
Desafortunadamente, estos no son dos casos aislados. Han existido muchos parecidos a lo largo de la historia y a nivel mundial, y Ecuador no se salva de ellos.
2017 y 2018 han sido oscuros por la cantidad de casos de abusos sexuales a niñxs que han salido a la luz, principalmente porque esos casos se han dado en entornos donde los menores deberían sentirse seguros y, sobre todo, protegidos: sus escuelas y sus iglesias.
Los niñxs y adolescentes, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución del Ecuador, 3 de la Convención sobre Derechos del Niño, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; son un grupo de atención prioritaria y/o vulnerable que requiere de medidas de protección respetando en inprincipio de interés superior. Cuando nos encontramos frente a estas noticias es necesario preguntarse si esto de está cumpliendo y que tipo de atención les estamos dando.
En la consulta popular realizada en el mes de febrero de 2018, el 73.53% de la población decidió que era necesario enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes. Esto no debería quedar solo en el papel, sino que debería tener implicaciones reales en nuestra legislación, incluso si el presunto agresor es un referente para la Iglesia o cualquier religión que se profese.
Los casos de testimonios de presuntas víctimas de delitos sexuales en contra de los religiosos Luis Fernando I., Vicente G., German V., y Cesar C., han abierto una discusión que ni siquiera debría existir.
Los delitos sexuales de forma general, pero sobre todo los cometidos contra menores, deberían ser repudiados vengan de donde vengan. ¿Cuál es el asunto entonces? Que los casos de abuso sexual cometidos por curas y sacerdotes siguen siendo un asunto encubierto, un tema casi tabú donde las víctimas no hablan por temor, la Iglesia oculta los casos y la sociedad prefiere mirar para otro lado.
Ojo, la preocupación y el rechazo a este tipo de actos cometidos por referentes religiosos no son en contra de los creyentes de la Iglesia y nada tiene que ver con la fe religiosa. La preocupación y el rechazo es en contra de la Iglesia como institución cuando es encubridora y la principal razón para la impunidad. Es exactamente la misma indignación que se sintió, y se sigue sintiendo, cuando se descubre que en los planteles educativos las autoridades conocían de los casos y nunca hicieron nada.
En la evaluación de la Santa Sede realizada por el Comité sobre derechos del niño, se escucharon numerosos testimonios sobre abusos sexuales, a partir de los cuales el Comité manifestó que inquieta […] que, como lo señalaron varias comisiones de investigación nacionales al examinar las denuncias de abuso sexual de niños, la Santa Sede haya preferido sistemáticamente preservar la reputación de la Iglesia y proteger a los autores de dicho abuso, y no el interés superior del niño.
Pero entonces, ¿qué es lo que permite tanta impunidad? El Código Canónico. Esta normativa, que contiene preceptos que regulan a los religiosos y creyentes dentro de su fe, es una de las principales justificaciones para frenar la aplicación de la justicia ordinaria. Sin embargo, las observaciones finales realizadas por el Comité sobre los derechos del niño es clara: las disposiciones del Código Canónico son contrarias a las de la Convención sobre Derechos del Niño.
La realidad es que nada impide que a nivel interno se adopten las sanciones del Código Canónico y que, al mismo tiempo, se apliquen las disposiciones correspondientes al derecho penal. En el caso del Ecuador, el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal define abuso sexual como actos de naturaleza sexual ejecutados sobre una persona en contra de su voluntad y, al existir acceso carnal estaríamos frente al delito de violación contenido en el artículo 171. Escudarse tras las normas canónicas no solo es un error de concepto respecto a la aplicación de derecho penal, sino una forma de evadir la justicia ordinaria.
Resulta contradictorio que grupos de la Iglesia dediquen esfuerzos y dinero para financiar campañas provida y en contra de la – mal llamada – ideología de género bajo el argumento de que es necesario proteger a los niñxs pero, por otro lado, se permite la impunidad de casos donde las víctimas son niñxs.
El hecho de mover un sacerdote de una parroquia a otra porque existen denuncias en su contra, mantener en secreto las denuncias bajo la justificacíón de un proceso canónico, demorarse años antes de alejar al presundo abusador de sus funciones para así proteger a las víctimas y descalificar a quienes finalmente tienen la fuerza de hablar; son todas acciones que resultan contradictorias a la protección de los niñxs e incluso resultan condradictorias a los valores morales católicos.
Si bien las autoridades religiosas – desatinadamente – han decidido calificar como conducta inapropiada los abusos sexuales de los que hemos escuchado alarmantes testimonios en lo últimos días, la realidad es que es momento de parar y reflexionar qué es lo que prevalecerá más en la balanza. Para el Estado ecuatoriano, la prioridad debería ser garantizar los derechos de sus niñxs y hacer que su normativa interna se cumpla. El faltar a estas obligaciones podría acarrearle al Estado responsabilidad internacional.
La cantidad de casos que salen a la luz son abrumadores y nos llevan a plantearnos una pregunta: ¿qué está pasando? Estos tipo de abusos no son nuevos. Sin embargo, finalmente, las víctimas están hablando, están tomando fuerza, están exponiendo a sus agresores. Esto está pasando desde Hollywood a Ecuador. Comencemos a hablar y no nos callemos nunca.