Un ataque perpetrado por las fuerzas «combinadas» del Gobierno de Nicaragua en la ciudad de Masaya dejó al menos 3 muertos y 30 heridos, informó hoy la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
«Fue un ataque desmedido de fuerzas armadas contra gente desarmada», dijo el presidente de la ANPDH, Álvaro Leiva, a periodistas.
El ataque, que se extendió toda la mañana, ocurrió un día después de que los pobladores de la ciudad declararon a Masaya «territorio libre del dictador», en referencia al presidente Daniel Ortega.
Las fuerzas «combinadas» del Gobierno están compuestas por policías, antimotines, «parapolicías», «paramilitares», y fuerzas de choque oficialistas, detalló la referida asociación humanitaria.
Dichas fuerzas literalmente barrieron los bloqueos de carretera a lo largo de los 29 kilómetros que separan a Managua de Masaya, hasta penetrar en la ciudad armados principalmente de fusiles de guerra como AK-147, M16, Dragunov y escopetas, denunciaron los manifestantes «autoconvocados», aglutinados en el Movimiento 19 de Abril.
El ataque dejó una escena desgarradora, cuando una mujer corrió entre los policías hasta alcanzar al cadáver de un joven tirado en la calle, para luego gritar entre llantos: «¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Él no es un perro», sin que nadie se atreviera brindarle apoyo, por temor a los agentes que la rodeaban.
Las fuerzas «combinadas» del Gobierno no atendieron los llamados de la ANDPH ni del obispo Silvio Báez, de «detener una masacre» en Masaya.
Como resultado del ataque, la delegación policial de Masaya logró ser reabastecida de armas y alimentos, tras un mes de estar incomunicada, debido a que la población mantenía sitiada la ciudad.
En la víspera del ataque el Gobierno había incumplido con el acuerdo de invitar de manera «inmediata» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea (UE) y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El acuerdo, firmado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el diálogo nacional para superar la crisis, busca que los organismos internacionales sean garantes del cese de la represión, que hasta ahora Ortega no ha ordenado, o no ha podido controlar, de acuerdo con la ANPDH.
Nicaragua cumplió el lunes dos meses desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980, con Ortega también como presidente, y que ya deja más de 200 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del líder, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.EFE
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