Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
Si quiero comprar algo, cotizo con varios vendedores para ver quién me ofrece el mejor precio y servicio. En base a eso decido. Más aún, si mi situación financiera implica más egresos que ingresos, como es el caso del presupuesto general del Estado ecuatoriano.
Es economía doméstica. Hay que buscar el mejor precio para comprar. Pero ciertos funcionarios públicos defienden el monopolio de la compañía de seguros estatal para asegurar los activos y personas que trabajan en el sector público.
Lo justifican de diversas maneras. Declaran que los oficios circulares prevalecen sobre leyes especiales y generales. O que las primas para asegurar los riesgos públicos son porcentualmente insignificantes en relación al mercado de seguros total. Traducción: que no molesten las aseguradoras privadas legalmente aprobadas para operar en el Ecuador (que son la mayoría) y que dejen tranquilos a los funcionarios públicos que administran los seguros del Estado.
Suena a que nos les gusta la libre competencia, ni la transparencia o lo expresado en la Ley.
Sin embargo, ciertos administradores públicos diligentes, han permitido concursar también a las compañías de seguros privadas y en esos casos, se ha demostrado que el Estado ahorra bastante dinero cuando una empresa de seguros privada gana la licitación.
Eso es lo que nos conviene a nosotros, los contribuyentes. Evita que algún trasnochado dogmático del socialismo del siglo XXI se le ocurra crear más impuestos o incrementarlos, en lugar de derogarlos para ser más competitivos y generar más empleos adecuados.
Con el agravante de que algunos siniestros de la aseguradora pública no han sido debidamente honrados a pesar de haber estado cubiertos por la póliza. Eso también nos cuesta a los contribuyentes, porque aquellas instituciones públicas que tuvieron siniestros tendrán que encontrar la forma de resarcir las pérdidas no indemnizadas. Es decir: más impuestos o agravación del déficit fiscal. Algo que pagamos todos.
La idea no es que desaparezca la compañía de seguros estatal, sino que compita en igualdad de condiciones con las privadas. Que gane la mejor. En buena lid. A eso se oponen nuestros servidores públicos.
Lo que están haciendo incumple los objetivos ordenados por el Presidente de la República en relación a la transparencia y la reducción del déficit fiscal. Una situación digna de investigar.