Ricardo Noboa Bejarano
Guayaquil, Ecuador
Un día acompañé a un empresario a una cita con el ex Ministro de Turismo Freddy Ehlers. El gobierno de entonces preparaba la consulta popular que incluía la pregunta sobre los casinos y los toros. El empresario le explicaba al Ministro las inconveniencias de la pregunta, las enormes pérdidas que se podían ocasionar al sector turístico y el desempleo que se podía ocasionar. El Ministro le contestó: “No te preocupes que con las políticas que voy a implementar los hoteles van a estar repletos. La gente va a pelearse para venir al Ecuador y vas a tener una rentabilidad inimaginable. No vas a extrañar los casinos. All you need is Ecuador”.
Salí de la reunión y le dije al empresario: “Este hombre está loco”. Después vinieron en ese ministerio las sesiones de meditación, los abrazos al árbol y tantas otras cosas que me reafirmaron en el diagnóstico. Hago esta introducción en base a la nota aparecida en La República y en otros diarios respecto de la suscripción de un contrato de inversión entre el Estado ecuatoriano y una empresa privada guayaquileña para la concreción de un nuevo proyecto hotelero en el centro de la ciudad. Y me viene a la memoria el drama que tuvo que vivir la misma empresa luego de aquella cita con el ex Ministro Ehlers en la cual éste, con su voz de visionario extravagante, le dijo también al empresario: “vas a ganar mucha plata con mis políticas”.
Al poco tiempo las “políticas” del ex Ministro se decantaron en uno de los mas graves, y poco conocidos ciertamente, abusos del antiguo régimen. A consecuencia de la consulta popular se obligó al empresario a liquidar a sus empleados como si se tratase de un despido intempestivo. De nada valieron los lógicos argumentos indicando que el empresario no había querido despedir a nadie, sino que se había dado una típica situación de fuerza mayor a consecuencia de una consulta popular, razón por la cual habían terminado los contratos de trabajo, no siendo aplicables las normas del despido intempestivo.
No hubo oídos a tan sensato argumento. Mas bien al empresario le incautaron sus maquinas tragamonedas a fin de que se “garantice” el pago de las indemnizaciones laborales. Lo peor de todo fue que, luego de pagarse las indemnizaciones laborales el empresario fue al Ministerio a preguntar por sus maquinas para que le sean devueltas. Y no eran ni una ni dos máquinas. Eran ciento cuarenta y cinco.
Debieron estar en una bodega de Durán, pero de pronto, nadie sabia donde estaban. Aparecieron varios años después, gracias al trabajo de buceo del actual Ministro del Trabajo, oxidadas, inservibles, corroídas, arruinadas, en una bodega de Montecristi, donde habían sido trasladadas. El empresario les pago a sus trabajadores indemnizaciones ilegales. El Estado no le ha pagado su confiscación inconstitucional. Porque lo mínimo que el Estado debe hacer es pagar esas maquinas como si de expropiación se tratase y repetir contra los funcionarios responsables.
Han pasado siete años desde la confiscación. El régimen cambió y las actitudes también. Hoy el empresario, gracias a su tenacidad, a su persistencia y su convicción, ha llegado a un acuerdo con el Estado en base a una alentadora normativa vigente. Cuento la historia porque es aleccionadora: dibuja por un lado al funcionario que cree que su poder será eterno y que, por ende, abusa de su posición dominante frente al ciudadano; y, por otra, al empresario responsable que no se amilana, que se levanta y empieza nuevamente a andar. Esa es un poco, en términos generales y con sus excepciones, la historia del país: el estado glotón versus el emprendedor. La política versus el derecho. La venganza versus la justicia. Soplan vientos de fronda. Ojalá que la banca de desarrollo acompañe al Ministerio de Turismo en su empeño. Y ojalá que tales vientos se mantengan.