Guayaquil, Ecuador
Lo que sucede en Nicaragua no solo muestra el atropello del gobierno hacia sus ciudadanos que piensan distinto y que sienten la necesidad imperiosa de rechazar el accionar de la pareja presidencial que gobierna el país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que ha costado la vida de cientos de personas en los últimos meses; sino también el deterioro económico producto de la aplicación de medidas a lo largo de los 11 años de gobierno. Recordemos que Ortega llegó de la misma manera que los otros gobernantes de izquierda en América Latina (claro está, que era la segunda ocasión que lo hacía, pues la primera lo realizó cobijado por el sandinismo en reclamo de la dictadura de Somoza contra la que luchó y que ahora palpablemente imita).
Continuando con el “recetario” aplicado por los distintos países donde se estableció el socialismo del siglo XXI, el gobierno de Ortega fue tomando los distintos poderes del Estado que al coincidir con un repunte de los precios de materias primas a nivel mundial, permitió fortalecer las conexiones del gobierno con diversos sectores políticos y económicos a través del incremento del gasto público del cual se vieron beneficiados. El cambio de leyes no fue la excepción, a tal punto que su esposa es quien cogobierna, y a decir de muchos analistas es el poder tras el poder.
La economía nicaragüense se encuentra sumergida en una crisis que se refleja en el aumento significativo del desempleo, especialmente en los sectores de comercio, construcción, financieros, alimentos y bebidas, que junto al turismo serían los más afectados, este último registro una caída importante en la ocupación hotelera desde que iniciaron en las protestas en abril; de igual manera se plantean diversos escenarios de como cerrará el 2018 en las que todos coinciden en una contracción económica que podría ubicarse entre el 1.8% al 5.6%, esto quiere decir entre 520 a 1600 millones de dólares en pérdida en valor agregado. La situación económica debería llevar a la mesa de diálogo a las autoridades de ese país, pues la misma se puede agravarse por el nivel de conflicitividad política que se vive, pues amplios segmentos de la población exigen elecciones anticipadas y transparentes.
El empleo también muestra su cara, el mismo ha venido disminuyendo porque muchas empresas han reducido su personal por la caída de las ventas, situación que podría complicarse más pues el sector empresarial al no vislumbrar acuerdos disminuiría sus inversiones ante la incertidumbre. A esto se suma que el déficit fiscal podría ubicarse en 2.7% del PIB para el cierre del año y llegar al 3.8% del PIB en el 2022, también el déficit en cuenta corriente seguirá creciendo debido a la importación de derivados del petróleo, adicional a ello, la suspensión de ayuda internacional se encuentra en el norte pues el gobierno es señalado por crímenes perpetrados por sus simpatizantes en contra de quienes protestan, por lo que algunos gobiernos extranjeros y organismos internacionales tomarían medidas para obligar a Ortega a negociar; por el lado externo el ingreso de remesas, permite aliviar las cuentas del país.
Es imprescindible que Nicaragua encuentre una salida lo más pronto a la crisis política y económica, en la que cada vez se sumerge más; pero será necesario el acompañamiento de la comunidad internacional que no debe quitar la atención a lo que sucede en ese país, que no se crea que porque los medios no publican quiera decir que ya llegó la calma, datos de observatorios sociales y políticos estiman que cada 6 horas una persona es asesinada por las fuerzas que apoyan a Daniel Ortega. Tenemos otro claro ejemplo de hasta donde piensan llegar algunos gobernantes con tal de mantenerse en el poder, llegan como salvadores aprovechando el descontento de la población pero terminan actuando con arbitrariedad e irrespeto contra ella, por ello, no nos olvidemos de Nicaragua ni de cualquier otro país que atraviese dificultades similares. (O)