Madrid (EFE).- Las diferencias de estrategia de los partidos independentistas de Cataluña, más patentes en los últimos tiempos, han agrietado la unidad y la estabilidad del gobierno soberanista de esta comunidad autónoma española y han paralizado la actividad ordinaria del Parlamento regional.
El presidente catalán, Joaquim Torra, quiso acallar este viernes las voces que hablaban de «crisis», «división», incluso «ruptura» entre las dos fuerzas que forman su gabinete, lo que abocaría a unas elecciones autonómicas anticipadas.
El ejecutivo independentista se formó a primeros de junio pasado y gobierna en minoría. Está formado por la coalición electoral Junts per Catalunya (JxCat, centroderecha) -a la que pertenecen Torra y el expresidente catalán Carles Puigdemont– y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, izquierda).
Torra aseguró que la estabilidad del gobierno de coalición está garantizada, como mínimo, hasta que el Tribunal Supremo (TS) español dicte sentencia sobre los políticos encausados por el proceso secesionista ilegal de 2017.
El último encontronazo entre los socios de gobierno fue el jueves pasado, debido las discrepancias sobre el voto delegado de los cuatro diputados regionales de JXCat suspendidos judicialmente por el proceso independentista citado.
Estos parlamentarios -así como dos de ERC también suspendidos- cumplen prisión preventiva en España, excepto Puigdemont, que permanece huido de la Justicia en Bélgica.
Tras varias horas de tensión, las dos fuerzas independentistas acordaron un procedimiento para que los cuatro diputados de JxCat suspendidos por el TS comuniquen su voluntad de delegar sus funciones en otro miembro de su grupo parlamentario.
Esta situación provocó el bloqueo del Parlamento regional y el aplazamiento del pleno de Debate de Política General al martes próximo.
El Gobierno español confía en que las decisiones parlamentarias sobre los diputados suspendidos sean conformes con la legislación vigente, y ha advertido de que defenderá la legalidad si se actúa contra la «legitimidad constitucional».
Por su parte, la ministra portavoz, Isabel Celaá, ha calificado de «crisis importante» las divisiones del independentismo, al que responsabiliza del «bloqueo» del Parlamento catalán (cerrado desde hace cuatro meses por decisión de los grupos independentistas) y de «arrastrar» al conjunto de los catalanes.
También esta misma semana, portavoces de ERC criticaron el ultimátum que Torra lanzó el martes al jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, para que presente una propuesta de «autodeterminación» para Cataluña antes de noviembre.
Esa advertencia -rechazada de inmediato por el Gobierno español- causó malestar entre las filas independentistas, ya que tanto ERC como muchos diputados de JxCat aseguraron que desconocían las intenciones de Torra.
Opiniones periodísticas interpretan que las diferencias se deben a estrategias políticas de fondo. JxCat es partidaria de la «confrontación» con el Gobierno central, que sería alentada por Puigdemont desde Bruselas, según algunos analistas.
Por el contrario ERC sería «posibilista», es decir, realista y partidaria del «pacto». Su líder Oriol Junqueras cumple prisión preventiva por el proceso independentista.
Además, Torra soporta la presión parlamentaria de la CUP (radicales de izquierda) y la callejera de los denominados «Comités de Defensa de la República», que lo conminan a que haga efectiva la independencia.
Para dar una imagen de unidad, Torra y el vicepresidente catalán, Pere Aragonès (ERC) comparecieron juntos ante la prensa el viernes y se comprometieron a «reforzar el acuerdo estratégico de legislatura», más allá de sus «discrepancias legítimas».
Para Torra la estabilidad de su gobierno -que consideró «fuerte» y «unido»- salía reforzada y estará garantizada, al menos, hasta conocerse las sentencias sobre los líderes independentistas procesados.
Ese momento pueden ser, advirtió, «punto de inflexión» de la legislatura, aunque todavía no se ha fijado la fecha de comienzo del juicio.
En su opinión el conflicto entre independentistas se debe a la «situación de excepcionalidad» que vive la región de Cataluña, a su juicio, por «la persecución política más fuerte desde el franquismo».
El Parlamento surgido de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017 eligió a Torra presidente de Cataluña el 14 de mayo de 2018, con el apoyo de los 34 diputados de JXCat, los 32 de ERC y la abstención de los cuatro de la CUP.
Votaron en contra Ciudadanos (liberales, 36 parlamentarios y el partido más votado en esos comicios), Partido Socialista (17), Catalunya en Comú-Podem (8) y Partido Popular (centroderecha, 4), contrarios a la independencia de Cataluña.
Torra fue elegido tras frustrarse los intentos de investir a Puigdemont, que había huido, y otros dos políticos de JXCat encarcelados provisionalmente por el proceso secesionista de 2017. EFE (I)
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